El Tribunal Supremo, mediante una decisión mayoritaria, sostuvo la determinación del Tribunal de Apelaciones que declaró como inconstitucional el requisito de afiliación compulsoria al Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico.

El documento de 52 páginas, provisto por la Oficina de de Administración de los Tribunales (OAT), comenzó con una opinión de la mayoría escrita por el juez asociado Rafael Martínez Torres. La jueza presidenta, Maite D. Oronoz Rodríguez, emitió una opinión disidente. El juez asociado Ángel Colón Pérez también disintió e incluyó expresiones al respecto. Por último, el juez asociado Luis Estrella Martínez también disintió, pero no escribió una opinión.

“Tras analizar exhaustivamente las disposiciones legales concernientes, así como los alegatos de las partes, concluimos que el requisito de afiliación compulsoria impugnado es inconstitucional. En ese contexto, hay vindicamos el derecho de los miembros de la profesión dental a asociarse según los designios de su conciencia. Al hacerlo, reafirmamos la preeminencia del derecho a la libertad de asociación como elemento esencial de la libertad humana y la democracia”, resaltó Martínez Torres en su opinión de 25 páginas.

El pleito comenzó el 9 de enero de 2020 cuando un grupo de odontólogos demandó e impugnó la constitucionalidad de la colegiación compulsoria que, hasta la decisión de hoy del Supremo, era requerida para ejercer la profesión dental en Puerto Rico.

Lee aquí la sentencia:

En enero de 2020, el Colegio de Cirujanos Dentistas contestó la demanda y argumentó que la colegiacón compulsoria era constitucionalmente permisible “y necesaria para salvaguardar el interés apremiante del Estado de regular la profesión y proteger la salud pública”.

Aunque el Tribunal de Primera Instancia falló a favor del Colegio al sostener la constitucionalidad de la colegiación, los odontólogos recurrieron al Apelativo, foro que devolvió el caso al tribunal de primera instancia y, en última instancia, sostuvo la decisión original.

Los odontólogos, entonces, radicaron ante el Apelativo, foro que revocó, por segunda vez, la decisión del tribunal de primera instancia y declaró inconstitucional la colegiación compulsoria. En su decisión, el panel de jueces resaltó que la Junta Examinadora era el ente regulador de la profesión y el mecanismo menos intrusivo del derecho a la libertad de asociación de los dentistas.

El Colegio entonces recurrió al Supremo y argumentó que la Junta Examinadora no cuenta con los recursos económicos para regular la profesión, que el colegio, mediante el Comité de Quejas y Agravios, puede fiscalizar la profesión, y las iniciativas sociales que realiza.

En su escrito, además, expuso que el derecho fundamental a la libertad de asociación no puede interpretarse en el vacío, y que la noción de la justicia se alcanza a través de un equilibrio entre los derechos y las obligaciones propias de la vida en sociedad. El Colegio resaltó, además, que la pieza legislativa que introdujo el requisito de afiliación impugnado es de aprobación preconstitucional y que, al ratificar la Constitución, varios de los constituyentes conocían del requisito de colegiación, pues participaron en el proceso de aprobación del estatuto.

En su contestación, los demandantes sostuvieron que la Junta Examinadora es el único organismo que posee facultades regulatorias en cuanto al proceso de licenciamiento, renovación o suspensión de una licencia para ejercer la odontología, y señalaron como errónea e impertinente la premisa de que la Junta Examinadora no es solvente financieramente para asumir las funciones del Colegio.

“El reconocimiento de que hay otra manera de hacer las cosas sin interferir con las libertades no es producto de un análisis automatizado y descontextualizado. Por el contrario, es la consecuencia ineludible de la evaluación constitucional metódica, atada al precedente y no a la validación automática de cualquier esquema estatutorio”, añadió, Martínez Torres.

“Conforme al derecho aplicable, es ineludible concluir que la colegiación compulsoria de los dentistas resulta (en) una intromisión innecesaria e impermisible. Así como hemos afirmado previamente, en ‘el caso de que necesiten mejorarse [los estándares de la práctica profesional]’, lo que resultaría necesario sería modificar y corregir los requisitos para ingresar y mantenerse en la profesión. Sin embargo, la conveniencia del status quo no justifica el menoscabo de derechos fundamentales. Lo cierto es que tampoco podemos dejar en suspenso la Carta de Derechos por una yuxtaposición de alusiones al bien común y vaticinios hiperbolizados de una supuesta desregulación y crisis salubrista”, enfatizó Martínez Torres.

“La conclusión a la que llegamos hoy en nada afecta la capacidad legal del Colegio de Cirujanos Dentistas de continuar operando y realizando su labor encomiable en beneficio de la profesión y de la salud pública. El deber bien cumplid es la mejor carta de presentación de una asociación de membresía voluntaria”, recalcó el juez asociado.

Por su parte, Colón Perez resaltó, en sus expresiones, que “el requisito de colegiación compulsoria que se exige en nuestro país como condición para ejercer determinadas profesiones es una medida de protección social. Éste, a todas luces, puede cohabitar en nuestro ordenamiento jurídico con el derecho constitucional a la libre asociación. Uno no cancela al otro”.

Mientras, Oronoz Rodríguez, en su opinión disidente de 23 páginas, indicó que “una vez más, una mayoría de este tribunal se enfrasca en un análisis autómata y en total abstracción de la realidad para justificar la inconstitucionalidad de una colegiación compulsoria”.

“De una plumada, el pronunciamiento mayoritario pone en jaque la integridad de la profesión odontológica y, en consecuencia, la salud del pueblo puertorriqueño. Al dejar sin efecto la colegiación compulsoria de este gremio, una mayoría de este tribunal atenta contra el rol integral que tiene el Colegio en la prestación de servicios odontológicos”, escribió Oronoz Rodríguez.

“Este proceder es contrario a la realidad de las operaciones cotidianas del colegio profesional en cuestión, quien se encarga de organizar la profesión, brindar educación continua, procurar que los cirujanos dentales se beneficien de incentivos contributivos y proveer educación y servicios a la comunidad. Sin lugar a duda, este curso de acción perjudicará la calidad de los servicios de salud dental. Perdimos la oportunidad de validar la constitucionalidad de la colegiación compulsoria de los cirujanos dentistas y, en consecuencia, garantizar que la población puertorriqueña disfrute de servicios de dalus que cuenten con andamiajes robustos para asegurar que estos cumplan con los más altos estándares de calidad”, enfatizó la jueza presidenta del Supremo.

Una mayoría del Supremo también declaró, en octubre de 2023, como inconstitucional la colegiación compulsoria de médicos al Colegio de Médicos Cirujanos. También confirmó la decisión del Apelativo que declaró inconstitucional la colegiación compulsoria de los optómetras.

El Colegio de Ingenieros y Agrimensores también enfrentó un proceso similar, pero en dicho caso, el máximo foro judicial solo contaba con ocho miembros y la votación quedó empate.

Por ende, a tenor con el Artículo V de la Constitución de Puerto Rico, ninguna ley se puede declarar inconstitucional a no ser por una mayoría del número total de los jueces o juezas que componen el Tribunal Supremo.