La turista acusada por incendiar varios negocios en Cabo Rojo en enero pasado compareció este jueves al Tribunal Federal en San Juan para comenzar el procesamiento judicial de un pliego acusatorio emitido por un gran jurado.

Después de más de un mes de haber sido acusada mientras estaba en Missouri, Danielle Bertothy fue trasladada al Centro de Detención Metropolitano en Guaynabo y llevada por alguaciles federales ante la magistrada Giselle López Soler en Hato Rey.

Esposada y vistiendo el uniforme verde oscuro de los acusados sumariados, Bertothy estuvo representada por la abogada Joanna LeRoy, de la Oficina del Defensor Público. Sin embargo, para vistas posteriores estará representada por un abogado que ha contratado.

Mientras, el procesamiento del caso está a cargo de las fiscales federales Corinne Cordero Romo y Jeanette M. Collazo Ortiz.

Debido a que Bertothy deseaba esperar a que el abogado contratado esté presente, la magistrada se limitó a informar sobre la existencia de la acusación y que se expone a una pena de cinco a 20 años de cárcel, y una multa de hasta $250,000.

La vista para la lectura de acusación fue pautada para el 4 de marzo, cuando también se abordaría el tema de libertad bajo fianza, que ya le había sido denegada cuando compareció a un tribunal federal en St. Louis.

Bertothy, de 36 años, enfrenta un cargo por causar intencional un incendio que destruyó parte del edificio de un negocio, afectando el comercio interestatal.

Se le imputa como responsable del fuego en Luichy’s Seaside Hotel - que tenía 15 habitaciones ocupadas al momento de ocurrir el siniestro - y que causó daños estimados en cerca de $500,000.

Las llamas también afectaron otros negocios que son inquilinos en la misma estructura: el restaurante Bar Marea, el restaurante Marinera y el negocio Artesanías Juavia.

Durante la vista de este jueves, en la sala judicial estuvo presente Ángel Luis Marrero, dueño de la propiedad incendiada. Dijo que no fue citado, pero llegó desde Cabo Rojo porque sentía que necesitaba estar presente.

“Quería estar porque este es un momento trascendental en mi vida, para ver de frente a un ser humano que no nos conocía, que no le hicimos mal... y optó por quemar nuestro negocio sin medir las consecuencias funestas de sus actos, porque había personas”, expresó Marrero, afuera del tribunal.

“La vi como una persona como que no tiene consciencia de los actos que hizo, con todas las consecuencias, el sufrimiento y gastos que hemos tenido por una acción de ella. Y la veo sin ningún tipo de remordimiento”, agregó.

Marrero todavía se aflige al recordar, no solo el proceso que ha atravesado para las reparaciones, sino de lo cerca que estuvieron de sufrir una desgracia mayor con múltiples muertes.

“Que le caiga todo el peso de la ley... lo máximo, 20 años. Mi fe es grande de que va a salir culpable, no me cabe duda. Una persona que viene a Puerto Rico debe respetar nuestro país, no importa de donde venga”, expresó Marrero, intentando contener el llanto.

“20 años son poco, porque allí había vidas que se salvaron solamente gracias a ángeles que pudieron entrar al hotel”, añadió. “Había amistades y familiares que estaban profundamente dormidos. Gracias a unos vecinos que arriesgaron sus vidas... un policía retirado notó, cruzó y tocaron las puertas, que no abrían porque estaban durmiendo... gracias a ellos y otros huéspedes que evacuaron a más de 30 personas. Hubiese sido algo bien terrible.

La Fiscalía federal sostiene que Bertothy, presuntamente, llegó ebria al restaurante Bar Marea en la noche del 2 de enero y causó problemas a clientes y empleados, por lo que fue removida en dos ocasiones por policías municipales de Cabo Rojo.

Los agentes escoltaron a Bertothy hasta una casa de alquiler de corto plazo ubicada a corta distancia del restaurante Bar Mareo. Después de que los empleados se fueron, supuestamente usó un contenedor de gasolina para un generador instalado en la residencia, alquilada a través de Airbnb, para comenzar el fuego, según la acusación.

El mismo día del arresto, el 17 de enero pasado, la Fiscalía federal presentó una moción solicitando que no se le permitiera salir bajo fianza por entender que representaba un peligro para la comunidad y de fuga, pues se fue de la Isla en la mañana siguiente de los hechos, cambiando el pasaje que originalmente estaba para el 11 de enero.

También destacó que durante un allanamiento posterior por agentes federales en su casa, en Missouri, encontraron cocaína y un arma de fuego.

En cambio, la defensa en St. Louis argumentó, sin éxito, que le permitieran quedar en libertad condicionada, rechazando los planteamientos del Ministerio Público, al asegurar que la falta de expediente criminal previo demuestra que no es un peligro para la comunidad, y que tampoco es riesgo de fuga, porque se mantuvo en su casa desde que supo de que era investigada.

Documentos judiciales indican que antes del allanamiento de los agentes del Negociado de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), oficiales de la policía de St. Peters, donde vive la mujer, visitó la residencia de Bertothy tras recibir múltiples llamadas indicando que era la sospechosa del incendio.

Según los documentos, un sargento de ese cuerpo policiaco supuestamente observó lo que parecía ser la marca de una quemadura en los brazos de la acusada.

Mientras, los documentos plantean que Bertothy llegó a manifestarle a los policías de esa ciudad que había recibido múltiples amenazas por teléfono, en relación al fuego en Puerto Rico, por lo que solicitó una patrulla extra en la urbanización por miedo a su seguridad.

Tras reconocer que estuvo en el mencionado restaurante la noche de los hechos y que “hizo algunas cosas que no eran propias de ella”, Bertothy, presuntamente, dijo que “ella ni siquiera sabía que hubo un fuego”, pese a que se hospedó cerca del restaurante.