En lo que parecería ser un intento para formar un robusto equipo de defensa, Mireddys González Castellanos, exesposa del artista Daddy Yankee, solicitó al Tribunal de Carolina que admita a Mayra López Mulero y otros nueve abogados para que funjan como su representación legal en el pleito en el que el exponente urbano le reclama un pago de $250 millones por concepto de indemnización.

Así consta en unas siete mociones presentadas ante el juez Ismael Álvarez Burgos, quien preside el caso que se dilucida en el foro judicial.

El pasado 4 de marzo, el exponente urbano radicó una demanda ante el Tribunal en la que reclamó una suma de $250 millones a su exesposa y excuñada Ayeicha González Castellanos en el caso relacionado con la división de bienes gananciales.

La demanda plantea, además, que la exesposa del artista, aprovechando su posición en la corporación, autorizó al productor Rafael “Raphy” Pina Nieves, propietario de la firma World Music Latino, para que representara a la parte demandante en la venta del catálogo.

Tras la radicación del recurso por parte del equipo legal de Yankee, no surgía que las hermanas González Castellanos hubieran contestado la demanda.

No obstante, según se desprenden de las mociones presentadas esta semana, el 7 de abril, el juez autorizó a los abogados Roberto Alonso Santiago y la licenciada Mariel Colón Miró, quienes representan a las hermanas en el pleito corporativo en el Tribunal de San Juan, a fungir como su representación legal en el caso por indemnización. A este equipo, también se sumó el licenciado Diego Alonso Pastrana.

No obstante, el caso dio un giro sorpresivo ayer, miércoles, cuando Mireddys informó al Tribunal, a través de su defensa, sobre la contratación de varios abogados, entre ellos, la licenciada Mayra López Mulero para que la represente en el pleito incoado por el artista.

“LÓPEZ MULERO ESTUDIO LEGAL, PSC. solicita muy respetuosamente que este honorable Tribunal tome conocimiento de lo antes informado y ordene a la Secretaría del Tribunal que desde esta fecha en adelante notifique al despacho legal suscribiente a su respectiva dirección copia de todo escrito, notificación, orden y/o resolución referente al caso”, lee la moción a la que El Nuevo Día obtuvo acceso.

La moción también solicita al foro judicial una prórroga de 30 días para “este despacho legal investigar cada una de las alegaciones presentadas y poder así formular cualquier réplica, alegación, reconvención, demanda contra tercero y/o cualquier posición al respecto”.

Posteriormente, ese mismo día, la parte demandada también radicó otras mociones en las que informa sobre la contratación de Yancarlos Maysonet Hernández, Pilar B. Pérez Rojas, José R. Negrón Fernández, Rafael M. Santiago Rosa, Verónica N. Vélez Acevedo y Liza M. Ortiz Camacho como parte de su equipo de defensa.

Los abogados también se unieron a la solicitud presentada por López Mulero en la que pide una período de 30 días para poder investigar las alegaciones y responder a la demanda del artista.

“La demanda consta de 125 alegaciones y solicita una indemnización en alegados daños por una suma sustancial. Por ello, los abogados que suscriben necesitan un término adicional de 30 días”, argumentaron los licenciados Negrón Fernández, Santiago Rosa y Vélez Acevedo al hacer eco de los expresiones esbozadas por López Mulero.

“Si esta solicitud de término adicional para presentar alegación responsiva fuese denegada, se deben entender todas las alegaciones incluidas en la demanda negadas y que la compareciente levanta todas las defensas afirmativas que procedan como cuestión de hecho y de derecho”, agregó la defensa de Mireddys.

Mientras, en una de las mociones, se informó sobre la contratación de Alberto Rivera Ramos para que se sume, junto a Alonso Santiago, Colón Miró y Alonso Pastrana, a la representación legal de Ayeicha.

Por otro lado, el juez Álvarez Burgos, quien no ha respondido a la solicitud de prórroga presentada por la defensa, le otorgó a las hermanas un plazo de 20 días para formular y responder a la demanda incoada por Yankee en representación de sus corporaciones El Cartel Record Inc. y Los Cangris Inc.

“En el mismo término, la parte demandada deberá expresar posición a la solicitud de intervención presentada por World Music Latino, Corp. y Rafael Pina Nieves”, ordenó el togado a las hermanas.

El 4 de abril, Pina Nieves radicó una moción ante el Tribunal de Carolina para que se le permita intervenir en el pleito, pues alega que la demanda presentada por Yankee contiene “imputaciones muy serias” en contra de World Music Latino y de Pina Nieves, “involucrándolos en una presunta pérdida de millones a la parte demandante” e inclusive “en la posible violación de reglamentos penitenciarios o condiciones de libertad provisional”.

A esos fines, el equipo legal del productor musical enfatizó que, desde que ocurrió la “ruptura matrimonial”, Ramón Ayala Rodríguez, nombre de pila del artista, dejó a un lado su “agradecimiento” y comenzó a hacer “imputaciones falsas”, a través de escritos al tribunal, en cuanto a Pina Nieves y la mencionada compañía.

En la moción se señaló que, el tribunal debe permitirle a Pina Nieves demostrar la “falsedad” de las alegaciones que se hicieron en su contra, con “malicia” y a sabiendas del impacto que podían generar, y que se debe responsabilizar a Daddy Yankee “por el daño ocasionado a la parte interventora”.

Tras la radicación del documento legal, los abogados de Yankee presentaron una moción en la que solicitaron tiempo adicional para responder a la solicitud de intervención que hizo Pina Nieves, a lo cual el juez respondió concediéndoles igualmente un plazo de 20 días para responder a la petición.

Aunque el juez Álvarez Burgos aún no ha determinado si acoge la solicitud de intervención presentada por el equipo de Pina Nieves, emitió, el pasado 5 de abril, emitió dos órdenes autorizando la comparecencia de los abogados del productor musical y de su compañía World Music Latino en el caso.

“Sin que se entienda que el Tribunal está adjudicando la solicitud de intervención presentada (por) Rafael Pina Nieves, se autoriza la comparecencia al presente caso”, lee una de las órdenes.