La jueza Darina I. Vázquez Ríos, del Tribunal de Bayamón, pautó para agosto la vista preliminar contra el exrepresentante del Partido Popular Democrático (PPD), Orlando Aponte Rosario, por cargos de violencia doméstica y violación a la Ley de Armas, y concedió de forma parcial una petición de la defensa para modificar las condiciones de fianza.

La vista preliminar estaba programada para comenzar este martes, a las 9:00 a.m., en la sala 405, del mencionado Centro Judicial, pero quedó pospuesta debido a cambios en la representación legal del imputado, ya que el abogado Frank Torres Viada renunció al caso y, en su lugar, se sumaron los licenciados Jerome Garffer Croly y Mario Moczó.

Luego de que las partes consultaran su calendario, la jueza anunció que la vista preliminar por los cuatro cargos que presentó la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) contra el exrepresentante quedaba pautada para los días 16, 17 y 30 de agosto a las 9:00 a.m.

El exrepresentante por el Distrito 26 de Villalba, Barranquitas, Orocovis y Coamo y expresidente de la Comisión de lo Jurídico enfrenta, desde el 18 de junio, cuatro cargos en su contra: dos por maltrato agravado, uno por agresión sexual conyugal y uno por apuntar un arma de fuego.

En la vista, la jueza concedió, de forma parcial, una moción que presentó la defensa para que se modificaran las condiciones de fianza. En resumen, se solicitó que el imputado pudiera residir con su actual pareja, en Guaynabo, y tener un horario abierto de 6:00 a.m. a 10:00 p.m., para poder trabajar.

Pero, Vázquez Ríos denegó el cambio de domicilio porque el lugar de residencia de la nueva pareja del imputado queda a menos de 18 minutos de la vivienda de la víctima en este caso, y ambas partes tienen órdenes de protección vigente y supervisión electrónica.

No obstante, la letrada autorizó que el imputado -que es abogado de profesión- pueda laborar en un horario de 6:00 a.m. a 7:00 p.m., principalmente, de forma remota. De tener que acudir al tribunal para atender algún caso, el imputado deberá hacer una consulta al Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ), ordenó la jueza.

“Yo no puedo perder de perspectiva que hay dos casos y que las posiciones de ambos están invertidas (porque tienen órdenes de protección de parte y parte)... Es una situación anómala”, dijo la jueza.

Al presente, hay dos casos activos en los tribunales que involucran a Aponte Rosario. En el primer caso, el exrepresentante es el imputado, mientras que, en el segundo, es el perjudicado. Ambos casos se relacionan con su expareja y las violaciones a las órdenes de protección.

Sobre este particular, Garffer manifestó que “cuando se viola la orden de protección, para el mes de abril, pues se hace una querella, se le encuentra causa para arresto a doña Elizabeth (expareja de Orlando Aponte) y, posterior a eso, el FEI le radica cargos a don Orlando”.

Cuestionada sobre si afecta en algo que la víctima en el caso de la Opfei esté imputada en otro caso, la fiscal especial independiente Fabiola Acarón dijo que “no afecta en lo absoluto. Eso va a ser parte de la prueba que se va a desfilar por parte de la Opfei en su momento”.

“No queremos entrar en los méritos del caso porque no es prudente todavía. Una vez se comience el desfile de la prueba, el país podrá entender y ver todo lo que está ocurriendo en este caso en particular. Puede sonar confuso, pero se aclarará”, dijo Acarón, en compañía del fiscal especial independiente Ramón Mendoza.

De otro lado, la jueza dijo que el lunes se le informó al tribunal que se radicarían más cargos contra el exlegislador. Empero, Garffer aclaró en corte abierta que se consultó con la Fiscalía y se determinó que no había los “elementos” para la nueva radicación de cargos contra su cliente.

“La juez tomó sus determinaciones en el día de hoy. Estamos muy complacidos con las determinaciones de la juez. Lo más importante para Orlando es poder continuar dando esos alimentos a los hijos. La juez le ha permitido en el día de hoy trabajar. Ciertamente, él tiene una pareja que ha sido una fuente de apoyo increíble para él”, precisó Garffer.

“Se le dio permiso a don Orlando de comenzar a trabajar, se le dio permiso de ir a los tribunales del país, se le dio permiso para asistir a su oficina y estamos muy contentos con eso porque, ciertamente, Orlando tiene dos hijos y tiene que pagar pensión”, agregó.

El abogado de defensa adelantó, además, que presentará una moción en los próximos días para que se le permita al imputado estar ubicado en la residencia de sus padres, que queda a minutos de distancia de donde actualmente reside, ya que confronta problemas con el internet, lo que hace cuesta arriba que pueda trabajar de forma remota.

Al ser abordado por la prensa, luego de que culminara la vista, Aponte Rosario -quien estuvo acompañado de su nueva pareja, una abogada- precisó que “no puedo hacer muchas expresiones, pero sí, necesitaba seguir con mi trabajo y cumplir con mis responsabilidades. Así que estoy satisfecho con que se me haya autorizado”.

Por otra parte, la defensa denunció en la vista que la víctima, contrario a lo que dispuso el tribunal, no está permitiendo que el exrepresentante tenga contacto con sus dos hijos. “Es un asunto de menores que está sub judice (pendiente de resolución) en el Tribunal de Menores”, dijo Garffer.

“No se ha cumplido con (las relaciones paterno filiales). Eso fue lo que se leyó por parte de la jueza. Más allá de eso no vamos a entrar en lo que dice esa orden porque hay una imposición por ley de que no se puede hablar de casos de menores. Vamos a acatar eso”, puntualizó el licenciado.