La defensa de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced informó al Tribunal Federal en San Juan que no utilizará documentos “clasificados” como parte de su defensa en el juicio por cargos de corrupción.

El aviso de parte del licenciado Ignacio Fernández, abogado de la exfuncionaria, responde a una moción de la Fiscalía federal presentada a finales del mes pasado, solicitando establecer un protocolo para que las partes del caso tengan acceso a material de “seguridad nacional” protegido por la Ley de “Procedimientos de Información Clasificada” (CIPA, por sus siglas en inglés).

En su moción de contestación, Fernández indicó que la propuesta del Ministerio Público responde a que “se ha enterado de que uno o más de los acusados buscará defensas que implican información clasificada de seguridad nacional”. Sin embargo, el abogado resaltó que la sugerencia de la Fiscalía no indica que se deba a que el mismo Ministerio público esté “planificando usar material clasificado en este caso”.

“De entrada, la (ex)gobernadora Vázquez Garced le informa al tribunal que ella no buscará una defensa que pueda implicará información de seguridad nacional”, mantuvo Fernández.

Explicó que la determinación surge luego de que el Ministerio Público le ofreciera un resumen sobre un pieza de evidencia que sí es clasificada.

Fernández aseguró que “la información provista “no se relaciona con la (ex)gobernadora Vázquez Garced y no será usada en su defensa”.

“En otras palabras, todos los asuntos de seguridad nacional no están relacionados con la (ex)gobernadora Vázquez Garced”, agregó.

De esta manera, Fernández planteó que, al menos por su parte, el tribunal no tiene que emitir la orden de protección solicitada por la Fiscalía para que las partes tengan acceso a esos documentos.

No obstante, sí se mostró preocupado con la posibilidad de atrasos adicionales en el caso si fuera necesario establecer el protocolo para que las defensas de los demás coacusados tengan los accesos.

Señaló que la defensa del banquero y coacusado Julio Herrera Velutini ha adelantado que sí ha solicitado “cierta información clasificada en el descubrimiento de prueba”, por lo que planificaba radicar una moción para pedirla a la Fiscalía.

“Vislumbramos un litigio activo entre Herrera Velutini y el Ministerio Público en este asunto”, apuntó Fernández.

En ese sentido, le solicitó la jueza Silvia Carreño Coll que ordene a la defensa del coacusado Julio Herrera Velutini a radicar una moción de solicitud y a la Fiscalía informar “si pretende usar información clasificada”, de manera que no se afecten las fechas límites ya establecidas, especialmente la del juicio, pautado para el 21 de enero de 2025.

En su moción previa, el Departamento de Justicia federal solicitó una orden para establecer “un Área Segura / Instalación de Información Sensible Compartimentada” en la que la defensa de los acusados pueden revisar los documentos para preparar su radicación de mociones para el tribunal, pero no pueden sacarlos de ahí ni accederlos de forma remota.

Más temprano esta semana, la defensa de Herrera Velutini se expresó en contra de las medidas sugeridas, argumentando que la orden “busca requerimientos más allá de lo permitido”.

Las licenciadas Lilly Ann Sánchez y Sonia Torres Pabón también objetaron de que les obliguen a “viajar a Puerto Rico para revisar, discutir o preparar cualquier escrito que pueda contener información clasificada”.

“El Ministerio Público no puede imponer tal carga a la preparación de la defensa sin un propósito válido, especialmente cuando no tiene tal carga”, afirmó.

Un gran jurado federal acusó a Vázquez Garced, Herrera Velutini y al asesor financiero Mark Rossini por un presunto esquema de soborno para detener una pesquisa de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras contra Bancrédito International mediante la destitución del funcionario a cargo de la agencia en ese momento, George Joyner.

A cambio, Vázquez Garced, según los cargos, recibió una contribución para su campaña primarista de 2020. Los tres acusados hicieron alegación de no culpabilidad.

Posteriormente, Herrera Velutini enfrentará un segundo juicio por cargos de que, presuntamente, intentó sobornar al gobernador Pedro Pierluisi para también detener la investigación de OCIF.