El cambio en la dirección de las corporaciones surgió tras la salida de la esposa del artista, Mireddys González Castellanos
El cambio en la dirección de las corporaciones surgió tras la salida de la esposa del artista, Mireddys González Castellanos
24 de enero de 2025 - 1:12 PM
Mientras sigue su curso el pleito corporativo en el Tribunal de San Juan, el artista Daddy Yankee y su hija mayor, Yamilette Ayala, dirigirán juntos las empresas El Cartel Records Inc. y Los Cangris Inc.
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Así lo informó el equipo legal del artista, integrado por los licenciados Carlos Díaz Olivo, Anabelle Torres Colberg y Heileene Colberg Birriel, en una moción donde se oponen a la designación de un “administrador judicial” para las corporaciones.
“En la actualidad, los directores de estas entidades son Ramón Ayala (nombre del artista) y Yamilette Ayala y entre ellos no existe ningún tranque o empate de ninguna naturaleza”, lee la moción con fecha del 21 de enero.
Ayala -quien es producto de una relación que tuvo el artista antes de contraer matrimonio con su actual esposa, Mireddys González Castellanos-, se ha mantenido fuera del ojo público durante la exitosa carrera de su padre, por lo que está por verse si asumirá un rol más activo tras este cambio.
Además de Yamilette, el ícono de la música urbana tiene otros dos hijos, que son fruto de su relación con González Castellanos. Estos son: Jesaaelys Ayala González, que ha acompañado a su madre a las vistas judiciales; y Jeremy Ayala González, quien, por su parte, ha apoyado a su padre.
Actualmente, se desconoce desde cuándo Yamilette asumió la dirección de las corporaciones, si se mantendrá en la dirección por tiempo indefinido o si es solo mientras se dilucida el caso ante el juez Anthony Cuevas Ramos.
Precisamente, al momento, el juez no ha emitido su decisión sobre si declara “ha lugar” o no una petición que hizo Mireddys y su hermana Ayeicha González Castellanos para nombrar un “administrador judicial” para las entidades.
Según la defensa de las demandadas, Mireddys es codueña de las corporaciones y posee el 50% de las acciones.
Actualmente, el caso se ha mantenido calmado, ya que las partes dejaron de radicar mociones tras un regaño del juez, quien emitió una orden donde les pidió que controlaran sus “emociones y ego”, y les advirtió que, de lo contrario, se exponían a una sanción de $5,000 o ser descalificados.
“Los abogados y abogadas de las partes se abstendrán de continuar presentando escritos al expediente judicial hasta tanto el tribunal resuelva los escritos presentados. Aquel abogado o abogada que no pueda controlar sus emociones o su ego e incumpla esta orden, deberá consignar la suma de $5,000 como sanción económica”, agregó el letrado.
“Además, estará expuesto a ser descalificado a tenor con lo dispuesto en la Regla 9.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 9.3. Les recuerdo que, dicha regla dispone que un tribunal puede descalificar a un abogado cuando este incurra en una conducta que constituya un obstáculo para la administración de la justicia o que infrinja sus deberes hacia el tribunal, sus representados o compañeros abogados. Quedan advertidos”, concluyó.
Cabe destacar que, este pleito inició, en diciembre de 2024, cuando el artista radicó unas demandas para recuperar el control de sus corporaciones. En ese momento, su equipo legal acusó a las demandadas de una fallida transferencia de $100 millones de las cuentas corporativas a sus cuentas personales.
A lo largo del proceso, las partes se han lanzado fuertes acusaciones y el juez ha celebrado tres vistas para atender los planteamientos, incluyendo dos de manera presencial en el Centro Judicial de San Juan.
Recientemente, de hecho, la parte demandada -representada por los licenciados Roberto Alonso Santiago Rúa y Mariel Colón Miró- acusó al artista de retirar de una cuenta $118 millones el pasado 10 de enero. Sin embargo, el equipo legal del artista aseguró que se trató de una consolidación de cuentas de First Bank a Oriental Bank.
La controversia surge en momentos en que el artista se encuentra en proceso de divorcio, un caso que se dilucida aparte en el Tribunal de Primera Instancia de Carolina y cuyos detalles no son públicos, ya que se emitió una orden de mordaza.
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