Rafael Cox Alomar apunta que la pretensión de la gobernadora, de decretar inmunidad mediante orden ejecutiva, no se sostiene y debe ser revocada por violentar la Constitución y subvertir el estado de Derecho
Rafael Cox Alomar apunta que la pretensión de la gobernadora, de decretar inmunidad mediante orden ejecutiva, no se sostiene y debe ser revocada por violentar la Constitución y subvertir el estado de Derecho
La gobernadora Wanda Vázquez Garced, haciendo alarde de sus alegados e ilimitados poderes inherentes y de la supuesta autoridad omnímoda que le confieren la Constitución y las leyes, decretó de un plumazo que mientras dure la emergencia todas las “facilidades de salud” y “profesionales de salud” que “asistan” al gobierno a enfrentar la emergencia del COVID-19 gozarán de inmunidad sobre cualquier reclamación legal por daños y perjuicios en casos de negligencia.
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