Puerto Rico se rige desde 1952 por una Constitución redactada por ciertos sectores de la clase política de Puerto Rico representando tendencias autonomistas, populistas, estadistas y socialistas. No había representación del sector independentistas en dicha constituyente por una decisión de principios del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

Estados Unidos deseaba mejorar sus relaciones interamericanas y librarse de tener que ofrecer informes regulares de un territorio colonial, o dependiente, ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La descolonización plena tendría que esperar.

Uno de los defectos principales de la Constitución del ELA es, precisamente, que no proveyó para un proceso de cambio del status. De hecho el Congreso de Estados Unidos se encargó de prohibir que se utilice el proceso de enmienda constitucional como forma de obtener la descolonización. Se manifestaba así, a mediados de siglo XX, la misma posición de que Puerto Rico seguía siendo una posesión. Ese es un vacío sustantivo y procesal importante.

Este es un caso de un constitucionalismo fuerte o rígido, es decir, muy difícil de alterar. Hay unos temas prohibidos dentro de ese constitucionalismo territorial.

El Congreso, por otro lado, ha considerado en varios periodos el llevar a cabo un proceso vinculante para atender el tema pero no se pone de acuerdo. Nunca ha ofrecido opciones de salida al tranque político que no está dispuesto a conceder. Entre 1989 y 1991 estuvo cerca de hacerlo, pero una oposición firme, principalmente de los senadores republicanos, lo impidió.

El Congreso también tiene que medir cómo sus acciones afectan el sistema territorial que se extiende al Caribe y al Pacífico, donde se libra una lucha geopolítica intensa con el creciente poderío de China. Por otro lado, mientras tanto, agencias federales se han hecho cargo de una intensa persecución y han intervenido de forma clara e intensa procesos como el plebiscito de 1967 y otros.

La administración Carter admitió muchos de estos excesos preguntándose si se podía hablar realmente de autodeterminación de Puerto Rico.

Se han llevado a cabo múltiples plebiscitos “locales”. Si, en ellos un elector ejerce decide dejar la papeleta en blanco, siguiendo las indicaciones del partido político al que pertenece, esa acción no tiene efecto alguno según la jurisprudencia impulsada y avalada por el Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Tribunal Supremo bajo su control rígido.

En la publicidad de esos plebiscitos “locales” prevalecen los fondos privados de entidades en la forma de “Super-Pacs”. Aun así el electorado permanece absolutamente dividido. Para el “trumpismo” esos resultados simplemente justifican aún más la inacción y la indiferencia.

Los políticos estadounidenses, sin embargo, han sido “bipartidistas” a la hora de imponerle restricciones a los pocos espacios de autogobierno otorgado al Estado Libre Asociado (ELA). La Ley PROMESA enmendó unilateralmente la Constitución y, en cierto sentido, nos devolvió al poder directo colonial de la Ley Foraker que el próximo mes ¡cumple 125 años de vigencia!

Frente a todo este cuadro, sectores independentistas y autonomistas, y un puñado de lideres estadistas, han mirado a la posibilidad de una asamblea constitucional de status. Esa asamblea sería electa por el electorado y crearía a modo de una “soberanía transitoria” para negociar los términos de una relación no colonial de Pueblo a Pueblo. Los esfuerzos del Colegio de Abogados y Abogadas en esta dirección, sin embargo, tampoco han avanzado mucho en la Legislatura.

Ante este cuadro no es sorprendente que haya una cierta desesperación y se fragüen intentos “fuera de la caja”. Invitar a Donald J. Trump, a asumir el liderato del proceso mediante Orden Ejecutiva es la última carta sobre la mesa. Con el auge del trumpismo en el Partido Republicano la estadidad para Puerto Rico y el Distrito de Columbia se ha convertido en una mala palabra. Negociar con Trump, desde la perspectiva soberanista, parecería ofrecer pocos riesgos.

Parecería otra forma de intentar descubrir una rendija por donde acomodar la agenda ndependentista. Sin embargo, la política estadounidense de status ha sido muy estable y la apuesta puede chocar con la misma pared de siempre. El colonialismo es un proceso continuo que se refuerza en múltiples ámbitos de la vida cotidiana.

Existen también límites a lo que el ejecutivo federal puede hacer cuando pone en riesgo intereses importantes de la clase dominante estadounidense. Trump, hasta ahora, no es excepción. Su poder para transformar el aparato estatal estadounidense y transformarlo en uno autoritario está enfrentando resistencia intensa de sectores de la elite económica y social y de sus sectores populares.

El pueblo de Estados Unidos ha dado batallas democráticas por la integración racial, en contra de guerras imperialistas como las de Vietnam e Irak. Ha defendido derechos de la mujer de forma militante. Desde Puerto Rico y Estados Unidos los puertorriqueños hemos participado activamente de ese esfuerzo de resistencia y combate.

Las salidas que busquemos al colonialismo deberían ser solidarias con el pueblo estadounidense y con los cerca de seis millones de puertorriqueños residentes allí. Debemos ser copartícipes con las luchas antifascistas que están ocurriendo.

Partir de que el racismo nacionalista de Trump va a ser un aliado provisional es una premisa peligrosa y normativamente cuestionable. Este intento totalitario de Trump puede ser, queremos que sea, de corta duración. Ello debido a la lucha activa del pueblo estadounidense y una parte importante de la opinión pública mundial.

En dicho contexto nuestras estrategias descolonizadoras deben ser transparentes y minimizar cualquier cambio repentino que provoque disloques propios de procesos controlados por visiones autoritarias y racistas.

Habrá que seguir pendientes. Seguir buscando formas de articular una voluntad transparente, plural, descolonizadora e inclusiva sigue siendo el norte. No es este el fin de la historia.