Opinión
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Cuando los planes de constituir una junta para enderezar el desbarajuste fiscal y económico de Puerto Rico se materializaron hace casi 10 años, nada o poco se sabía de cómo este cuerpo impuesto por el Congreso de los Estados Unidos afectaría el panorama socioeconómico del país. Al menos, ese era el mensaje que se desprendía de algunas encuestas que recogían las opiniones de un pueblo harto de décadas de chanchullos e improvisaciones estatales.
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