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A principios del año 2014, el presidente Barack Obama firmó la ley 113-76 para facultar al Departamento de Justicia federal a validar las definiciones de las diferentes opciones de status que se sometieran al electorado puertorriqueño en un eventual plebiscito. Las definiciones no deberían ser incompatibles con la Constitución, las leyes y la política pública de Estados Unidos. La ley asignó $2.5 millones para la orientación sobre la consulta.
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