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Durante las pasadas semanas frente al pueblo de Puerto Rico desfiló prueba de extorsión y manipulación de la opinión pública. De igual forma, el país presenció la violación del derecho a la protesta cuando un individuo contrató a una compañía de seguridad privada para amedrentar a manifestantes que defendían la preservación de las playas en Aguadilla. Los individuos que trabajaban para la compañía de seguridad privada se sintieron en la libertad de balear a los manifestantes. El denominador común ante ambos eventos fue el silencio del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi.
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