La polémica renuncia de la secretaria del Departamento de Educación (DE), Yanira Raíces Vega, suma otro capítulo al tormentoso destino que, salvo escasas excepciones por la gestión de sus pasados lideratos, no logra enmendar el rumbo de una agencia clave en el desarrollo humano y social de Puerto Rico.
Tras la dimisión, la exsecretaria pretende regresar a su plaza de carrera (director ejecutivo III), aun cuando carece de los requisitos para ello, según investiga la Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG).
Yanira Raíces Vega cuenta con 20 años en el Departamento de Educación, donde ha desempeñado diversos cargos directivos. Sin embargo, se ha denunciado que, en uno de sus traspasos en 2021, solo cumplió cinco de los 12 meses requeridos por ley para asumir el cargo de Superintendente Escolar en la región de Bayamón. Posteriormente, pasó a ocupar la secretaría de Educación bajo el gobierno de Pedro Pierluisi. Asimismo, se ha señalado que, para su actual postulación a posiciones directivas en las regiones de Bayamón y Arecibo, no posee los requisitos establecidos, lo que podría otorgarle una ventaja frente a otros nueve aspirantes.
Aunque esta falta reglamentaria dista de otros casos donde la corrupción rampante dejó cicatrices dolorosas a manos de personajes como Víctor Fajardo o Julia Keleher, el DE no logra salir de ese marasmo burocrático que hunde las mejores intenciones de quienes pretenden enmendar el rumbo de una entidad que debe velar por el proceso formativo y educacional de 236,000 alumnos.
Las estadísticas que maneja la agencia son impresionantes. Con un presupuesto anual de $5,312 millones, $1,263 millones se destinan al pago de nómina para 43,439 empleados, distribuidos en diversos tipos de contratos. Esa es la suma.
Pero la gesta es agobiante. En las recientes vistas públicas de transición gubernamental, Raíces Vega expuso un escalofriante diagnóstico. Aseveró que más de 200 escuelas tienen una matrícula de apenas 100 estudiantes. Hay planteles con mínima ocupación, apenas cuatro u ocho alumnos por grado. Esta realidad queda invisibilizada si se observan los promedios generales de 30 alumnos por clase en las 870 escuelas del sistema educacional.
La aguda caída de la tasa de natalidad en Puerto Rico ha pegado fuerte sector educacional de Puerto Rico. En los últimos 15 años se ha perdido un 50% de la matrícula.
Una simple división, para seguir con el ejercicio matemático, entre los 236,000 estudiantes y los 43,439 empleados del DE, arroja que en Puerto Rico hay 5.4 funcionarios por cada alumno de nuestro sistema educativo.
La nueva administración encabezada por la gobernadora Jenniffer González tiene un enorme reto. Primero de logística. No es sencillo cuadrar una cantidad de alumnos por clase ni tampoco decidir atropelladamente sobre el cierre de planteles, pues hay cuestiones geográficas que atender, pese a que es cierto que existen planteles operando con un 20% de su capacidad. Además, se debe considerar otra variable muy importante. Una gran cantidad de alumnos recibe alimentación en esas facilidades, por tanto, es menester facilitar el acercamiento de las familias a los planteles escolares.
Un movimiento brusco en esa estrategia sería un remedio peor que la enfermedad, pues podría aumentar el ausentismo. Un solo escolar rezagado es una cuestión moral ineludible.
El panorama es inquietante, pero de entre las sombras afloran situaciones luminosas y esperanzadores. Iniciativas como “Todos a Leer” y la Academia de Lectoescritura, en colaboración con la Universidad de Puerto Rico, han mejorado significativamente el rendimiento en las destrezas de los estudiantes de kínder a tercer grado en áreas esenciales, como reconocimiento de vocales, sílabas y fluidez lectora.
Es evidente que una buena gestión tiene un impacto positivo en la comunidad escolar. Para que el sistema prospere, es crucial una administración eficaz, libre de clientelismo político y burocracia excesiva, que sirva para proteger los intereses de los estudiantes, quienes son el futuro de Puerto Rico.
