Ha procedido muy bien el Tribunal Federal en Puerto Rico al ordenar los cambios urgentes y necesarios para profesionalizar a la Policía local, en atención al acuerdo contraído en el 2013 entre los gobiernos de Estados Unidos y la isla. Hoy, las áreas más neurálgicas de la reforma que debería fortalecer la seguridad pública y la democracia puertorriqueñas están gravemente retrasadas.