El alarmante cuadro de violencia y descontrol en las instituciones penales juveniles que le fue revelado hace unos días a la corte federal en un informe oficial obliga al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) a tomar, sin excusas ni dilaciones de ningún tipo, todas las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad y el bienestar de las decenas de menores puestos bajo su custodia por los tribunales.
Editorial
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A cumplir el mandato constitucional de rehabilitar a los menores
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