El Departamento de Educación, en modo demolición. Las oficinas federales, semiparalizadas por la amenaza de despidos masivos. El sistema de salud, ya precarizado, aguarda un recorte abrupto. Los planes de asistencia, como el PAN, están en tela de juicio. Sin embargo, eso no resume los efectos del enorme huracán provocado por el presidente Donald Trump, que ha enemistado a Estados Unidos con rivales y aliados, ahora confundidos; nunca estuvo mejor aplicado el término, en una de las mayores guerras comerciales de la historia moderna.

¿Qué debe hacer Puerto Rico para enfrentar esta tormenta?

Si seguimos con la metáfora, ya conocemos el curso del ciclón: viene directo hacia nosotros. Estamos acostumbrados a sufrir los embates de la naturaleza, pero esta vez requerimos de una preparación mucho más eficaz por la complejidad del panorama.

Trump está actuando de manera brutalmente práctica. Necesita allegar recursos para cumplir con su principal promesa de campaña: reducir la carga impositiva de las grandes corporaciones, empresas y las familias estadounidenses.

Una medida inmediata obliga a un diálogo urgente de Puerto Rico, que involucre al gobierno, partidos políticos, el sector privado, organizaciones sin fines de lucro y aquellos que se movilizan, con o sin recursos, para hacer de este un mejor lugar para vivir.

Las vistas de confirmación en el Capitolio de Puerto Rico, dentro de la legítima discusión sobre las credenciales de cada candidato, parecen ignorar el sentido de urgencia. Hasta el pasado viernes, quedaba una veintena de agencias esperando llenar sus plazas de liderazgo. Un letargo, dado el escenario, incomprensible entre la legislatura y La Fortaleza. ¿Cómo administrar la nueva normalidad en la asignación de fondos federales bajo los designios de Donald Trump? Si no están las personas idóneas, el daño puede ser mayor en nuestras alicaídas finanzas públicas. Hay programas en salud y educación que dependen casi en su totalidad de los fondos federales. Dos ejemplos: el programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF, en inglés) dirigido a personas mayores de 65 años y personas con discapacidad se financia en 80% con recursos federales y el programa que sostiene a unas 53 mil familias residentes en complejos de vivienda pública se financia en un 96% con recursos provistos desde la capital federal.

Conocedores de las maniobras que se traman en Washington hablan del llamado “claw back”, que buscará recuperar dinero asignado que aún no se ha invertido en los trabajos proyectados. La burocracia federal exige un proyecto, su ejecución y luego mecanismos para el reembolso. ¿Cuánto dinero tiene Puerto Rico en ese limbo?

En el sector privado local, siempre más ágil que el Gobierno, ya mueven sus piezas para paliar el efecto de los recortes. Las restricciones ya vigentes para el uso de la tarjeta del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) han activado reacciones en el manejo de inventarios y oferta de productos.

La guerra arancelaria tocará a la agricultura. Puerto Rico solo produce cerca del 15% de lo que consume. Cualquier alza en los precios de alimentos, debido a los impuestos, probablemente se transferiría a los consumidores puertorriqueños, incidiendo en un alza del costo de la vida.

El margen de maniobra de la economía local es limitado, porque Puerto Rico sostiene su estructura central en la contribución sobre el ingreso tanto de empresas como de individuos y en los impuestos al consumo y la propiedad. Este último, recordemos, va directo a las arcas municipales. La única forma para ampliar la base de recaudos es impulsando una mayor actividad económica. He ahí el gran reto. El gobierno tiene que apostar a los sectores que más rentan: industria y turismo. Aquí emergen miradas más a largo plazo que alientan la esperanza, lejos de movidas especulativas sobre la definición del estatus en medio de la batahola de Trump.

La polarización que ha afectado a la política de Puerto Rico es motivo de preocupación y, además, representa un mal negocio en un momento en el que necesitamos unir esfuerzos y crear frentes de trabajo conjuntos. Aunque los vientos que soplan desde Washington son inciertos y confusos, no podemos permitirnos caer en un inmovilismo inaceptable. Otros estados ya han tomado la iniciativa, organizando encuentros que fomentan un diálogo constructivo, con el fin de identificar medidas locales para enfrentar la disminución de fondos federales. También han establecido una urgencia moral: proteger sus planes de salud y educación. Tal vez, podríamos comenzar por ahí, uniendo nuestras fuerzas para pasar la tormenta con el menor costo posible.