Puerto Rico ha vivido durante los pasados meses una inquietante seguidilla de tragedias viales que abonan a la sensación, que no le es ajena a casi nadie en nuestro país, de que nuestras carreteras son tierra de nadie y que la velocidad, el alcohol, la temeridad y la pusilanimidad de las autoridades son un riesgo para todos los ciudadanos.
Este es un panorama, por supuesto, inaceptable. Mientras haya personas cometiendo la tremenda irresponsabilidad de conducir bajo efectos del alcohol, ignorar las leyes de tránsito e incluso organizar carreras clandestinas en vías públicas, la Policía tiene el deber, y la obligación de proteger a la sociedad de estas graves amenazas.
A la Policía se le imponen a menudo responsabilidades que no le corresponden. Combatir la violencia criminal, por ejemplo, es una tarea que no es sólo de la Policía, pues hay un componente social muy importante que supera su radio de acción. Ese no es el caso, no obstante, con la temeridad y el peligro en las carreteras; proteger a la población de los conductores que incurren en conductas homicidas es responsabilidad indelegable de las autoridades policiacas.
Tomemos, como ejemplo, la desgracia ocurrida al filo de la medianoche del domingo en Dorado, que cobró la vida de cuatro jóvenes, todos entre 19 y 21 años, además de que dejó a varios otros heridos, incluyendo una mujer embarazada de 44 años, que, por fortuna, se recupera satisfactoriamente. La desgracia ocurrió durante una carrera clandestina que presuntamente era encabezada por un sujeto que manejaba en estado de embriaguez y que tenía lugar, vean, en plena PR-2, una de las principales carreteras del país.
¿Qué razón puede dar la Policía para no poder siquiera evitar que, en una carretera principalísima, no en una vía rural oculta o de lugar difícil acceso, puedan llevarse a cabo carreras clandestinas, algo que no ocurriría si una patrulla policiaca pasara ocasionalmente por la zona? No consta que haya sido el caso de ese lugar, pero en las redes sociales abundan denuncias de ciudadanos que dicen haber llamado a reportar carreras clandestinas en sus vecindarios sin que ninguna autoridad se asome a verificar.
Hay reportes de carreras clandestinas, para no ir más lejos, en la mismísima PR-52, que está entre las carreteras más transitadas de todo el país.
Las carreras clandestinas, más la abundancia aún de vehículos todo terreno no apto para el tránsito por carreteras, sobre todo en zonas rurales y el alcohol, que tantas desgracias han causado, son un componente letal que las autoridades no pueden seguir ignorando. Todo el país ha visto vídeos de personas en motocicletas y otros vehículos violando cuanta disposición de la Ley de Tránsito pueda haber, incluso con agentes estatales y municipales mirando sin inmutarse.
Todo Puerto Rico sabe que la Policía tiene un problema de recursos. El recién estrenado comisionado, Joseph González Falcón, ha dicho que intentará reclutar a unos 5,000 nuevos agentes, lo cual plantea desafíos presupuestarios e incluso demográficos. La escasez de personal, sin embargo, no puede ser usada como pretexto para no cumplir el deber de atender una situación que se puede atender con un modesto esfuerzo de patrullaje para el cual se puede recabar, incluso, la cooperación de las policías municipales.
Idealmente, cada ciudadano debía ser consciente de la enorme responsabilidad que implica el manejo de un vehículo de motor y hacerlo de manera responsable y dentro de los marcos de la ley. Pero en vista de que no vivimos en un mundo ideal, y en el que habitamos no hay escasez de personas ávidas de arriesgar su vida y las de otros usando nuestras carreteras como pista de aceleración, necesitamos un cuerpo policiaco consciente de su responsabilidad para con la sociedad dispuesta a enfrentar este serio problema.
No es aceptable ninguna otra respuesta.
