El trámite de permisos ha sido, desde la década de 1970, una de las áreas más rezagadas que impacta directamente el motor del desarrollo económico y social de Puerto Rico. En ese contexto, es un paso acertado la acción que el gobierno está tomando en reconocimiento de la necesidad de implementar, de una vez por todas, una renovación del proceso de permisos gubernamentales. El grupo designado por la gobernadora Jenniffer González para evaluar la situación concluyó que son necesarias enmiendas a la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos (Ley 161 de 2009).
---
Read this article in English.
---
Así lo han señalado también diversos sectores, incluidos los de la construcción y las telecomunicaciones, entre otros, quienes han expresado sus inquietudes en mesas redondas y foros de interés público.
Dicha legislación, en sus inicios, tenía encomiables objetivos. Hace 16 años, ya se hablaba de la necesidad de transparencia, reglamentos explícitos, comunicación proactiva y de reducir la burocracia. Se proponía la creación de una unidad de servicio al cliente que apoyara a la empresa privada e integrara al ciudadano en las decisiones del Estado. Como remedio concreto, se planteó la necesidad de profesionalizar a los empleados que manejan estos trámites, incrementar la calidad de la información, avanzar hacia la digitalización y la utilización de tecnología, y crear un banco de servicios.
Hoy, la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio procesa las autorizaciones necesarias para el desarrollo, uso de terrenos y operación de negocios en la isla. Los municipios también representan una parte importante de esta vital tarea.
A pesar de las innumerables quejas, estamos ante una injusta normalización de plazos agotadores. Lograr autorización para una toma de agua o la luz verde para instalar un alcantarillado, entre otros trámites, puede tardar seis meses o más. Aunque han surgido avances en las interconexiones renovables residenciales, la privatización del sistema de energía electrica no ha acelerado las autorizaciones para obtener luz, fundamental desde el primer día en cualquier construcción o la simple mudanza a una u otra instalación. En el Viejo San Juan, ya es legendario el tiempo que el Instituto de Cultura Puertorriqueña demora en otorgar sus permisos. Y qué decir de los permisos ambientales, que muchas veces parecen ser una oscura ciénaga.
Otro denominador común en toda la isla es el temor que sienten los emprendedores ante la palabra “revisión”, ya que ese segundo o tercer trámite los sumerge en una fila de espera eterna. “Revisión” se ha vuelto sinónimo de resignación. Completan las angustias procesales, el conjunto de normas, requisitos particulares, a menudo distintos, en los 78 pueblos.
Un mejor sistema de permisos debe considerar la realidad del país, donde operan unas 58,000 empresas, de las cuales el 95% tienen operaciones limitadas, de menos de cinco empleados. Estas características propician carencias de personal exclusivamente encargado de tramitar permisos para cumplir con las exigencias del Estado.
Una legislación enmarañada que obliga a enfrentarse a la OGPe o a un municipio implica un obstáculo para quienes requieren permisos en el mundo de la construcción, abarcando desde modestas remodelaciones hasta la instalación de plantas industriales. Este océano de reglamentos ha dado paso a gestores que navegan por estas aguas y, en ciertos casos, aprovechan los vacíos legales para obtener ventajas sobre aquellos que aspiran a cumplir correctamente con las reglas.
Todas las economías del mundo han simplificado sus procesos de permisos como un objetivo primordial, tal como se ha intentado aquí con el Portal Único de Negocios de OGPe. No obstante, aún estamos a medio camino. La digitalización de la mayoría de los procesos para obtener permisos es un tema ya resuelto en muchos países. Así se ahorra tiempo y se evita la tediosa fila en las oficinas públicas. En contraste, el sector privado, particularmente la banca, se halla a una distancia sideral del gobierno en esta materia.
No hace falta pensar mucho en lo que se debe hacer. Los objetivos de la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos son tan válidos hoy como lo fueron ayer: facilitar el desarrollo económico, devolver la confianza en las agencias planificadoras, brindar certezas en el proceso de permisos y garantizar un desarrollo sostenible. Para lograr esto, no es necesario complicarse. Se trata de impulsar, ojalá con perseverancia del gobierno, un cambio que todo Puerto Rico agradecerá profundamente.
