Con las elecciones generales de noviembre ya visibles en el horizonte, resultan sumamente preocupantes las recientes denuncias de todos los comisionados electorales acerca del retraso en que continúa la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) con respecto a varios trámites claves para la celebración del importantísimo evento electoral del próximo 5 de noviembre.
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Las denuncias, además, han sido apuntaladas por un informe divulgado por este diario este fin de semana acerca de las serias deficiencias en el proceso documentadas por los observadores internacionales que vinieron en junio a presenciar las primarias de los partidos Nuevo Progresista (PNP) y Popular Democrático (PPD), que incluyeron problemas, entre otros, en cuestiones tan graves como la secretividad del voto.
Con el calendario acercándose de manera inexorable a la fecha de la votación general, establecida por disposición constitucional, no queda tiempo para continuar enturbiando la indispensable confianza que necesita el público en su sistema electoral. Urgimos a la presidenta alterna de la CEE, la jueza Jessika Padilla Rivera y a los comisionados de los cinco partidos representados en el organismo, a suspender las recriminaciones mutuas y a esforzarse sin más demoras ni justificaciones en preparar el sistema para el importantísimo compromiso de noviembre.
Los comisionados PNP y PPD, así como del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), de Victoria Ciudadana y de Proyecto Dignidad, dijeron a este periódico que la CEE está retrasada en procesos cruciales como el manejo del voto adelantado y ausente, del que hay ya decenas de miles de solicitudes; la aprobación del modelo de papeleta, de manuales yreglamentos y controversias que están bajo la atención de Padilla Rivera.
En estos días, igual, ciudadanos han reportado múltiples dificultades para inscribirse e incluso para modificar o actualizar su información en el Registro Electrónico de Electores (eRE), en parte, según se ha informado, por los problemas de suministro eléctrico que, al igual que mucho del resto de Puerto Rico, enfrentan algunas instalaciones de la CEE.
En el caso de las distintas modalidades del voto ausente, que en el 2020 causó múltiples problemas, la situación es especialmente preocupante porque, sin que se haya aprobado el reglamento para manejar tan crítico aspecto de la contienda, se ha visto a candidatos tramitando solicitudes.
La jueza Padilla Rivera ha respondido a las denuncias básicamente de dos maneras: o negando que existan problemas o culpando de los que puedan existir a los comisionados electorales. Creemos que su actitud no es positiva. Si bien los comisionados electorales tienen una función crucial en el sistema y no están del todo exentos de la causa de muchos de los problemas, la responsabilidad primordial de mantener el proceso en calendario y de velar porque las controversias se resuelven con premura y conforme a derecho es de la presidenta de la CEE.
Hoy nada apunta a la posibilidad de un fraude masivo en noviembre. Pero la acumulación de todas estas situaciones, sumado a otras que no es necesario reiterar, tiene un efecto detrimental en la confianza que necesita tener el país de que su sistema electoral funciona y reflejará con precisión milimétrica su voluntad el día de las elecciones.
La jueza Padilla Rivera y los comisionados tienen el ineludible deber patriótico, cívico, humano incluso, de trabajar juntos hacia la celebración de un evento electoral a prueba de dudas para brindar a los puertorriqueños y puertorriqueñas la invaluable paz que produce saber que el voto, el sagrado voto, que es la médula de toda democracia, quedará en buenas manos cuando se emita.
Hemos visto muy cerca de aquí lo que puede pasar cuando no hay confianza en el resultado de unas elecciones. Puerto Rico no ha merecido nunca menos que total y absoluta confianza en su proceso electoral.
