Uno de los más viejos y nocivos vicios del servicio público fue expuesto nuevamente ante un país cansado de estas noticias en un informe divulgado en días recientes por la Oficina de la Contralora. El documento nos golpea, una vez más, con detalles acerca de lo que nos cuesta, en dinero y en mucho más, la despreciable práctica del discrimen político en el gobierno.
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Este es un mal viejísimo, que ha representado la pérdida de millones de dólares durante décadas. Además, ha convertido en infiernos las vidas de incontables trabajadores estatales y ha arruinado, en algunos de sus sentidos más importantes, el servicio público mismo. Todo porque funcionarios sin escrúpulos marginan, acosan, degradan o simplemente despiden a compañeros de trabajo por el único “pecado” de pertenecer a otro partido político.
Por supuesto, condenamos en los términos más enérgicos estas deleznables actuaciones que no deberían tener nunca espacio en un sistema democrático de ley y orden. Demandamos, también en los términos más enérgicos, a toda persona a la que le ha sido encargada la sagrada tarea de dirigir una agencia o un programa gubernamental a respetar tanto la dignidad humana como la del servicio público y no volver a incurrir en estas acciones que tanto daño hacen.
El informe de la contralora Yesmin Valdivieso, que fue divulgado por este diario el lunes, revela cuán rampante sigue siendo el discrimen político en el gobierno. Entre 2018 y 2023, contra el gobierno de Puerto Rico se presentaron demandas por $105 millones por discrimen político, así como por hostigamiento sexual y laboral también, otros dos graves problemas que también merecen atención.
Los pleitos abarcan 81 agencias del ejecutivo y 68 corporaciones públicas, lo cual ilustra, con inquietante precisión, lo extendido que está este grave problema. En el periodo examinado por la Contralora, se resolvieron 12 demandas de discrimen político por $415,000.
El informe de la Contralora es la primera vez que se analiza este tema a nivel gubernamental desde 2010. Otras entidades han documentado el serio problema en términos francamente espantosos. En el 2016, los entonces estudiantes de derecho Jean Santiago Cruz y Alejandra Sabater Baerga revelaron, en un artículo publicado en la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico, que entre 1970 y 2005 el 51% de las demandas de discrimen político vistos en tribunales federales de apelación de todo Estados Unidos venían de una sola de las decenas de jurisdicciones estadounidenses: Puerto Rico.
En el 2021, al escribir sobre una demanda de discrimen político en el gobierno, el juez federal Francisco Besosa, dijo que las demandas de discrimen político le cuestan al gobierno “cientos de millones de dólares”.
Está claro, y lo hemos sabido por mucho tiempo, que este es un problema gravísimo, sobre el que los que han gobernado hasta ahora o no le han dado importancia, o lo han ignorado adrede o, peor aún, lo han fomentado. Es momento, ya sin más dilaciones, de acabar con este mal.
Urgimos al gobierno que entre en funciones en enero de 2025 a quitarle este peso de encima de una vez y por todas al pueblo de Puerto Rico, respetando la dignidad del trabajador y del ser humano y estableciendo un sistema de mérito en el gobierno que nos garantice a todos que nadie entra al servicio público, ni asciende, sin exámenes que demuestren que cuentan con las competencias y calificaciones para sus labores.
Ninguna sociedad puede preciarse de ser moderna y ordenada como una carencia tan básica como lo es la garantía de que quien le sirva desde su gobierno está ahí por sus méritos y no por su afiliación política, ni incurriendo en la horrenda práctica de perseguir y hostigar a quienes no se identifican con el color del partido en el poder.
