Poner fin al asentamiento prolongado de la corrupción en la institución pública en Puerto Rico, cuya más reciente manifestación es la admisión de culpabilidad de dos empresarios que robaron $3.7 millones federales de la partida para vivienda pública, es obligación mayor y urgente del liderato que debería ser responsable de la fiscalización de la gestión administrativa gubernamental.