El anuncio del presidente Joe Biden, de que en mayo pondría fin al estado de emergencia declarado en 2020 por la pandemia de COVID-19, coloca sobre el liderato del gobierno local, tanto del ejecutivo como del legislativo, la responsabilidad de activar medidas de contingencia que eviten que una decisión previsible se convierta en otro dolor de cabeza presupuestario y salubrista para Puerto Rico.