Toda la sociedad puertorriqueña tiene el ineludible deber de abrir los ojos ante la dolorosa realidad expuesta en este diario hace unos días de la enorme cantidad de adultos mayores, en todos los rincones del archipiélago, que, en los últimos días de sus vidas, han quedado desamparados y están viviendo, y muriendo, en el abandono.

Esta tragedia es un de las consecuencias más complejas de la crisis demográfica que viene experimentando Puerto Rico hace al menos dos décadas, con la emigración masiva de gente mayormente joven y la drástica baja en la natalidad, resultado ambas de las dificultades económicas que ha vivido el país desde mediados de la primera década de este siglo, que han tenido el efecto de incrementar la edad promedio aquí, de 32 a 44 años, en apenas dos décadas.

A otras consecuencias de esto que ya vimos, como la quiebra los sistemas de retiro públicos, se suma lo expuesto en este periódico el pasado fin de semana: más de 200,000 personas de más de 65 años viviendo solas, casi la mitad de ellas bajo el nivel de pobreza y muchísimas dependiendo de la caridad de extraños hasta para alimentarse.

En ese sentido, merecen aplausos, y colaboración, las dos entidades no gubernamentales reseñadas en este diario que llevan alimentos a ancianos desamparados: la Iniciativa de Ecodesarrollo Bahía de Jobos (Idebajo), en Salinas y Amo mis Abus, en Las Marías. Ellos, y muchos otros, llenan algo del vacío institucional en el manejo de este problema y merecen el apoyo de toda la sociedad.

El Estado, por el momento, carece de la capacidad institucional para responder a este enorme problema. Apenas 1,326 personas reciben servicios de amas de llaves de parte del gobierno central, con una lista de espera de 1,800. Otra cantidad indeterminada recibe el mismo servicio de municipios, que claramente tampoco da abasto y que, además, está en peligro por las dificultades económicas harto conocidas que enfrentan los ayuntamientos.

¿Qué hacer ante esto? La administración de la gobernadora Jenniffer González ensaya, por el momento, dos respuestas: fundó la Unidad para la Atención Integral del Adulto Mayor en Fortaleza y se prepara para crear una administración autónoma, dentro del Departamento de la Familia (DF), enfocada en esta población.

Son buenos pasos iniciales. Pero deben la gobernadora y su equipo cuidarse de que estas nuevas dependencias no se conviertan en bultos burocráticos politizados e ineficientes como tantas otras agencias. Para la magnitud de este problema, se necesitan entidades ágiles, con recursos suficientes y dirigidas por personas con incuestionable experiencia y compromiso con esta población.

Serán necesarias también políticas diseñadas tomando en cuenta las características de esta población, respaldadas, por supuesto con recursos y, además, un marco legal que evite una de las manifestaciones más tristes de este problema: el limbo en que quedan adultos mayores sin familia al momento de fallecer, lo que lleva a demasiados al desgarrador desenlace de ser cremados o donados su cadáveres a la Universidad de Puerto Rico (UPR) sin una despedida digna de un ser humano.

Nada de esto es imposible, ni está fuera del alcance de nuestros limitados recursos, si se le da a este problema el estatus prioritario y urgente que merece.

Es importante que todos comprendamos, no obstante, que el gobierno solo no puede con este problema. Hay un componente de responsabilidad individual importante con nuestros padres, abuelos, tíos, hermanos y hasta vecinos, al que todos estamos obligados a responder. Si cada cual cumple su responsabilidad, directamente o colaborando con los que lo hacen, menos de nuestros viejos vivirán la triste suerte de los que hoy están a merced de la caridad de extraños.

Tenemos todos tareas aquí. No es por nada que nos llaman “la tierra del ay bendito”; es por el carácter compasivo y solidario que demostramos cada vez que hay ocasión. Nada convoca más la legendaria solidaridad del puertorriqueño en este momento que el doloroso destino de nuestros viejos abandonados.