Es inaceptable que Puerto Rico esté en riesgo de perder hasta $30 millones de fondos federales para carreteras, mientras sus ciudadanos en varios municipios del norte y del sur respiran niveles de dióxido de azufre que sobrepasan los límites del gobierno federal. Corresponde a las autoridades locales hacer todo lo posible para evitar esas instancias que resultan de la dejadez.