Las propuestas de revisión de la política pública energética establecida mediante la Ley 17 de 2019, contempladas por la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón, deben traducirse en la reafirmación clara de un compromiso de modernización de la red eléctrica que es asunto vital para la estabilidad y el desarrollo económico de Puerto Rico.
Ha sido un paso sólido del nuevo gobierno designar un comité multidisciplinario especializado que atienda el tema energético con seriedad. Por su parte, la recomendación de este grupo de eliminar las metas de generación impuestas por la ley vigente, que propone dejar sin efecto la disposición de producir el 40% de la energía con fuentes renovables en el 2025, así como la meta del 60% para el 2040, pudiera traer un cambio de paradigma en cómo se ha atendido hasta ahora el problema.
El ingeniero Josué Colón, designado para dirigir la Oficina del Zar de Energía, ha justificado el interés de modificar la política pública energética al plantear, entre otros asuntos, que la Ley 17 se vincula a elevados precios por sistemas de energía renovable. Además, subrayó la importancia de que se complete el proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esto debe contribuir a un mercado que pueda atraer inversionistas dispuestos a aportar con seguridad a una abarcadora renovación energética.
De cara a la consideración de nuevos proyectos legislativos sobre el futuro energético del país, será fundamental que en las cámaras se produzca una amplia discusión que propicie disposiciones claras y bien justificadas para atender con celeridad la modernización de la red mediante generación diversificada, incluyendo gas natural, recurso considerado en Estados Unidos como energía renovable.
Los indicadores sobre la generación solar o eólica en la isla reflejan una producción limitada e insuficiente. Además, al margen del costo de mantenimiento de placas solares y necesario reemplazo periódico de baterías, se trata de sistemas falibles ante condiciones climáticas adversas como prolongados periodos de precipitación u otros. En tal sentido, es pertinente una legislación que no represente una camisa de fuerza sobre las alternativas de generación segura y transmisión de alta eficiencia. Los cambios, además, deben permitir el costo de generación proyectado de 12 o 13 centavos por kilovatio hora, en vez de 20 centavos o más pagados al presente.
Será propicio determinar las razones de la imposibilidad de cumplimiento de las metas actuales para asegurar las medidas correctas para avanzar en la transformación que repare de forma definitiva la inestabilidad de un sistema deficiente y costoso que mantiene injustamente a toda la población en la incertidumbre asociada a frecuentes interrupciones del servicio eléctrico.
La inacción de pasados gobiernos no es una opción ante un panorama que incluye el cierre de la planta de carbón de la empresa AES en 2027, lo que implica un déficit de 1,000 megavatios, si no se encamina antes un remplazo acertado de generación. El tiempo se acabó y tal parece que así lo entiende la Gobernadora. Hay que actuar.
La recuperación plena de Puerto Rico tras los devastadores golpes ciclónicos de 2017, que dañaron infraestructura crítica y exacerbaron la recesión, solo podrá agilizarse con un sistema energético robusto. Los productores de energía del sector privado reconocen los retos por lo que se han mostrado receptivos a los ajustes de política pública. Igualmente peritos y entidades como el Centro para una Nueva Economía, que de antemano recomendó extender los plazos sobre la generación con fuentes limpias.
Ante los planes del nuevo gobierno, será relevante atender, entre otros asuntos, la estimación actualizada de las inversiones necesarias para las metas ajustadas, así como los recursos indispensables para lograrlas, según han expuesto expertos de la referida organización.
Ante este escenario es imperioso examinar las responsabilidades del Negociado de Energía de Puerto Rico, de acuerdo a su ordenamiento legal actual, para determinar también ajustes sobre su encomienda y definir las facultades de la entidad ante la creación de la figura del Zar Energético. Al mismo tiempo, será preciso considerar la aprobación de métricas uniformes de prevalencia de la energía limpia en la red local, como garantía de proyecciones realistas de modificación de generación, según han señalado conocedores de esta industria.
En el esfuerzo de afinar la nueva legislación es importante tener claridad del plan que seguirá el nuevo gobierno, así como de los términos y conceptos, incluyendo la idea de descarbonización, asociada al descarte del petróleo como materia prima principal para producir energía.
La articulación precisa y categórica de la nueva política pública energética será fundamental para lograr el giro impostergable de dotar a Puerto Rico de una red segura, robusta y resiliente como pilar principal del repunte de desarrollo social y económico que nuestro país merece.
