La imagen de una fila de pasajeros caminando con dificultad por un carril elevado del Tren Urbano, en San Juan, tras el apagón masivo ocurrido el pasado 16 de abril, ha dado la vuelta al mundo. Parece una ironía, pero en Semana Santa ilustró de manera dramática nuestro propio viacrucis.
Casi un millón y medio de abonados se quedaron sin suministro eléctrico. El apagón afectó hogares y comercios, muchos de los cuales se preparaban, particularmente en la industria turística, para recibir miles de visitantes durante un esperado fin de semana largo. El restablecimiento de la energía se logró en 24 horas, pero eso no implica que se debe aceptar este tipo de acontecimiento.
El gobierno calculó las pérdidas en $230 millones. Es un estremecedor desangre para nuestra atribulada economía. Una debacle previa se vivió el 31 de diciembre pasado. Pero, justo 106 días después sufrimos una pesadilla similar, como parte de graves deficiencias que ya no pueden tolerarse o aceptarse con resignación.
LUMA Energy asumió la responsabilidad de esta catástrofe. La cadena de eventos se habría originado por efecto de la vegetación en una línea de transmisión entre Manatí y la central Cambalache, lo que hizo que detuvieran su operación las plantas de Genera Puerto Rico. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) le asignó a LUMA un fondo de $1,200 millones para regular la vegetación y evitar circunstancias que hoy se vinculan casi la mitad de los frecuentes apagones, pero de ese monto total solo le han desembolsado $18 millones.
El programa en curso, que culminaría a fines de 2028, implica la limpieza completa de más de 16,000 millas de líneas de transmisión y distribución de vegetación, junto con la gestión estratégica de escombros y la aplicación selectiva de herbicidas en áreas de servidumbre, incluidos más de 300 subestaciones y sitios de telecomunicaciones. Se supone que abonará a reducir las interrupciones en la red entre un 35 y 45%.
Tras la reciente emergencia, el gobierno -con el visto bueno de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF)- adelantó a LUMA $117 millones para acelerar el proceso de mejoras a un sistema energético que acumula el nefasto registro de más de 225,000 apagones en seis años. Estos dineros forman parte de los desembolsos que el consorcio de energía debe recibir por parte de FEMA, pero que a la fecha no se les ha retribuido. La partida debe propiciar la continuación de las tareas de mantenimiento de líneas eléctricas, labor que requiere desempeño minucioso de las brigadas, así como estricta supervisión de los trabajos.
Por otra parte, Genera Puerto Rico tiene ante la consideración del Negociado de Energía la rehabilitación de las unidades 8 y 10 en la central de San Juan, al igual que el reemplazo de combustibles en la central de Cambalache. Ante la JSF se encuentran las peticiones para el reemplazo de equipo pesado en varias unidades de San Juan, algunas de las cuales fueron aprobados el jueves a última hora e incluyen, además, a las centrales Palo Seco y Aguirre. Todo esto para fortalecer la capacidad de generación antes del verano. El pasado lunes, la empresa dijo que reabrió el proceso de licitación para la adquisición de nuevas máquinas de generación de emergencia por lo que no esperan otro retraso en el proyecto.
Si bien es cierto que tanto LUMA Energy como Genera están obligadas a ejecutar de manera acelerada la reconstrucción del sistema energético del país, el gobierno también debe asumir su responsabilidad de encaminar los procesos para acelerar dicha transformación. Es crucial que el Zar de Energía, Josué Colón, haga valer la razón y la responsabilidad que implica el ambicioso nombre de su cargo, que, en estricto rigor, implica poderes plenipotenciarios. Hay que actuar con diligencia. Hay que dejar las acusaciones y los juegos de poder. Hay que contestarle las preguntas al pueblo.
¿Dónde está el dinero de Fema? ¿Por qué no se desembolsa? ¿Dónde están las solicitudes de propuestas (RFP’s)? ¿Por qué no se ha emitido la declaración de emergencia? ¿Por qué no se destruye el reino de la burocracia contraproducente que frena la solución de un problema crítico para Puerto Rico?
En esta coyuntura de incertidumbre energética emergen más preguntas que siguen sin respuesta. ¿Cuál es ahora el rol de la Autoridad de Energía Electrica? ¿Es el papel de facilitador u opera como obstructor para volver a tiempos pasados? No olvidemos su quiebra. La bancarrota ha sido obra nuestra. No fueron ni Luma ni Genera. ¿Qué más necesita el Zar para avanzar? ¿Cuándo culminaremos este proceso que no permite que regresemos a los mercados a buscar inversión de capital?
La propia gobernadora ha sentenciado que es tiempo de tomar acción y ver resultados. Más allá de la retórica, es momento de cesar recriminaciones y desde el gobierno constatar pasos firmes centrados en acciones concertadas de colaboración que libren a Puerto Rico de la incertidumbre inaceptable de apagones que agobian a toda la población y rezagan el bienestar colectivo, así como el desarrollo sostenible que el país merece.
