La iniciativa de la gobernadora electa, Jenniffer González, de convocar a un comité multidisciplinario, transversal y especializado para encontrar una solución a la grave crisis energética que enfrenta el pueblo de Puerto Rico es una decisión acertada.

Un problema de esta magnitud requiere soluciones a la altura. La invitación de la gobernadora electa es un gesto notable que va más allá de la urgente búsqueda de respuestas técnicas. Este enfoque transversal trasciende las líneas partidistas y establece, desde el inicio de su mandato, un modo de hacer política coherente con la idiosincrasia puertorriqueña: colaborativa, dialogante y cordial.

Al llamado de la gobernadora electa han respondido 12 hombres y mujeres que deberán hacer un diagnóstico para salir de la tormenta perfecta que azota nuestro frágil sistema de distribución y producción de energía eléctrica. El grupo representa una mezcla equilibrada de expertos en el tema, finanzas públicas y experiencia en gestión, junto con representantes de la industria, el turismo y el mundo académico.

De este modo, antes de asumir su mandato, González responde al clamor de una ciudadanía genuinamente preocupada por el suministro actual y futuro que, lejos de ser una fuente de tranquilidad y desarrollo económico, representa un lastre agudizado por el alza en la factura de la luz, que ahoga el presupuesto familiar y encarece la producción de bienes y servicios.

Al mismo tiempo, la gestión de González refleja intención de poner en vigor controles de responsabilidad y cumplimiento como parte de buenas prácticas de administración que parecen relegadas entre las entidades y funcionarios responsables de la transformación energética. Es un buen indicio que se procure rigurosidad para alcanzar objetivos, de acuerdo a etapas o términos definidos, así como consecuencias ante incumplimientos.

La futura inquilina de La Fortaleza decidió separar aguas en los dos frentes que tienen en jaque la salida a esta crisis.

Por una parte, este comité de expertos tendrá la misión de consensuar soluciones y proponer cursos de acción que implican decisiones complejas. Rescindir o no contratos de las operadoras no es un paso planteado formalmente. Sin embargo, de considerarse, requeriría aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal.

Las empresas encargadas de estabilizar el sistema han cometido ineficiencias crasas. En el caso de LUMA, ha habido una excesiva definición de procesos y una escasa acción operativa. Para muestra un botón: los turnos de emergencia 24/7 fueron acortados a dos por semana sin considerar el domingo. El contrato de Luma es temporal, no final, lo que supone riesgos, de no aflorar sinergia una vez comience de lleno la nueva administración gubernamental. Genera, por su parte, no ha conseguido estabilizar la producción de energía, que sigue tan frágil como antes del inicio de esta asociación público-privada.

Por otro lado, el proceso judicial de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) es otra arista que torna más complejo el escenario. El tranque entre la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y los bonistas objetores de la AEE impide llegar a un acuerdo. Este impasse, constatado en un devastador y reciente informe por parte del Equipo de Mediación a la jueza de distrito federal, Laura Taylor Swain, compromete la viabilidad financiera y operacional del sistema eléctrico.

Con el curso judicial por su vía, es deseable aislar otro factor que a menudo contamina las discusiones técnicas. Ojalá este comité de trabajo logre la ponderación para realizar un buen diagnóstico, lejos del fragor político o promesas de campaña que pueden precipitar soluciones catastróficas.

Acostumbramos a mirar nuestros pesares como únicos y locales. Sin embargo, el panorama político mundial ofrece grandes retos en tiempos donde la energía escasea a tal punto que se han visto retrocesos en cuestiones tan polémicas como la actual construcción de plantas alimentadas por combustibles fósiles en otras latitudes. Y qué decir del manifiesto intento de Donald Trump por recuperar el liderazgo americano en la geopolítica mundial. Si Puerto Rico, pretende competir como un territorio apto para acoger el regreso de la manufactura, tras las barreras arancelarias sobre productos de origen chino, deberá contar con un sistema energético solvente.

Los problemas son diversos y complejos, pero las soluciones resultan imperativas para no perder el tren del desarrollo y las oportunidades de este milenio.