Aunque la pena de muerte fue abolida en Puerto Rico en 1929, el gobierno federal de Estados Unidos continúa intentando imponer este castigo contra los demandados en Puerto Rico, acusados de crímenes relacionados con homicidio. La amplia autoridad del gobierno federal de Estados Unidos deriva de la Ley Federal sobre la Pena de Muerte, de 1994, que permite que éste pida la pena de muerte contra los estadounidenses acusados de alguno de entre más de cuarenta delitos. Al plantear que Puerto Rico es un territorio estadounidense, el gobierno federal sostiene que la Ley de Pena de Muerte de 1994 aplica en nuestra jurisdicción de la misma manera que aplica en los estados.