El sector de la vivienda asequible en Puerto Rico atraviesa unos grandes desafíos de disponibilidad que pueden señalarse como una de las principales causas por la cuales cada día menos gente joven quiere vivir y reproducirse en nuestro país. Se trata de un asunto crucial que merece atención impostergable de las autoridades.
La última señal de este grave problema lo dio esta semana un estudio realizado por profesores de la Universidad de Puerto Rico (UPR) por encomienda del Departamento de la Vivienda, que reveló que la disponibilidad de vivienda subsidiada en la isla solo alcanza para el 20% de las familias elegibles por ingreso para ello.
Esto incluye vivienda pública, el llamado Plan 8 y otras ayudas para obtener vivienda. La lista de espera en el Departamento de la Vivienda casi llega a 28,000 familias. Para las 566,342 familias que, según la Oficina del Censo de Estados Unidos, cualifican por ingresos para vivienda subsidiada, solo existen 127,520 unidades disponibles.
En septiembre, la empresa Estudios Técnicos divulgó su Estudio de Vivienda Asequible que indica que, en este momento, el asalariado promedio solo genera ingresos del 54% de los requeridos para obtener financiamiento para una casa nueva. La Asociación de Constructores indica que construir una vivienda hoy cuesta 40% más que apenas el 2017, por incrementos en costos de materiales y mano de obra, mientras en último año el precio promedio de una vivienda nueva en la subió un 25%, de $179,649 el primer trimestre de 2023 a $224,484 este año, según Estudios Técnicos.
Queda claro, pues, de la información disponible, que tenemos en Puerto Rico serias limitaciones de vivienda, lo cual es un problema de enorme consideración, sobre todo para familias de clase media y clase baja que pasan grandes dificultades para procurarse su propio techo.
Por supuesto, es un problema con múltiples ramificaciones económicas, sociales y de otros tipos, que no tiene una solución sencilla. No obstante, consideramos indispensable que el tema esté entre las prioridades de los que gobiernan y los que aspiran a hacerlo. Estudiosos del tema han señalado diversas rutas que pueden llevarnos a aliviar el viacrucis de tantos compatriotas sin posibilidades, por circunstancias fuera de su control, para procurarse algo tan básico, tan elemental, como un techo digno y seguro.
Entre las soluciones a estudiar, por ejemplo, se ha planteado la rehabilitación de viviendas ya existentes, pero abandonadas, sobre todo en cascos urbanos, mediante la otorgación de incentivos contributivos y económicos. Creemos que los incentivos para el desarrollo y construcción de vivienda asequible o de interés social es un buen paso para empezar a destrancar este nudo que ahoga a buena parte de nuestra población.
El mes pasado, este diario preguntó a los cuatro aspirantes a la gobernación sobre sus propuestas para el sector de la vivienda. Las respuestas fueron desde la construcción de nuevas unidades y la rehabilitación de cascos urbanos, hasta la otorgación de incentivos y la llegada de más fondos federales. Conviene al que gane mirar las propuestas de los otros, porque en todas hay elementos positivos.
Uno de los problemas más graves que tenemos como sociedad es el envejecimiento de la población, que tiene como causas principales la emigración de gente joven y la baja en la natalidad. Ambos fenómenos pueden ser directamente atados a las dificultades para procurarse vivienda. ¿Quién querría vivir, y tener hijos, en un sitio donde hasta tener su propio techo es una odisea?
La reconstrucción de Puerto Rico como una sociedad próspera, en la que más gente quiera vivir y crecer empieza con acceso a vivienda digna y asequible. No pueden haber en este momento muchas cosas más importantes que ello, a lo cual prestarle atención y buscarle soluciones.
