El presidente Donald Trump está cumpliendo sus promesas de campaña. Sin embargo, no deja de sorprender la feroz andanada de órdenes ejecutivas que impone su agenda. Con el camino libre, casi sin contrapesos y exento de la obligación de repostularse, el mandatario ha borrado de un plumazo decenas de iniciativas que colisionan con sus creencias, generando una ola de desconcierto y temor.
Trump aparenta exhibir un absoluto desprecio por los límites que fijan la Constitución y las leyes vigentes. Ha tomado represalias al expulsar a los funcionarios federales que investigaron las causas en su contra, ha eliminado políticas federales de diversidad, igualdad e inclusión, ha dinamitado las protecciones medioambientales y, en su cruzada contra la burocracia y el despilfarro, ha dictado de manera atropellada resoluciones que pretenden suspender o eliminar programas de ayuda federal en diversos ámbitos, incluyendo desembolsos multimillonarios destinados a salud y educación.
El afán por reducir el gasto y la plantilla del gobierno federal ha desatado un caos de proporciones épicas. Esto ha sido correctamente frenado por la resolución de la jueza del distrito de Columbia, Loren AliKhan. No obstante, el proceso solo está en pausa.
Y aquí es donde llega el momento de mirar hacia adentro. La tarea del gobierno de Jenniffer González es revisar el alcance de estos recortes, considerando que, por ejemplo, hasta el destino de FEMA queda en suspenso. Así, resulta legítimo hacerse preguntas apremiantes: ¿Qué pasará con los fondos federales asignados para la reconstrucción pero aún no invertidos? ¿Seguirá vigente la llegada de recursos para financiar la reparación de nuestra quebrantada red eléctrica? ¿Qué ocurrirá con los avances en materia de igualdad de beneficios, como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés)?
Pero hay más. Dentro de su plan para endurecer las leyes migratorias, el presidente firmó un decreto que revoca la ciudadanía automática a los hijos de inmigrantes que no tienen un estatus legal permanente en Estados Unidos. La ciudadanía por derecho de nacimiento se deriva de la decimocuarta enmienda de la Constitución estadounidense. Decenas de miles de hijos de inmigrantes han quedado en un limbo legal tras la discutible interpretación de Trump, que seguramente terminará revisándose en el Tribunal Supremo, cuya constitución desfavorablemente está inclinada hacia las visiones del mandatario.
Puerto Rico recién ha presenciado los primeros efectos de las rigurosas nuevas políticas de inmigración. La más visible fue el resultado de las redadas en San Juan del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para detener a inmigrantes irregulares, la mayoría de nacionalidad dominicana.
Es comprensible que la inmigración irregular deba ser sancionada, especialmente cuando hay focos de violencia, narcotráfico y crimen organizado. Sin embargo, no es aceptable el trato indigno hacia seres humanos que conviven con nosotros desempeñando roles imprescindibles.
Por eso, cala hondo la ola de miedo que recorre las calles de la ciudad capital. Duele ver desiertos los lugares de encuentro y lo dramático de las situaciones vividas en las escuelas, con ausencias de estudiantes y colaboradores. Lo que parecía un asunto lejano ha estallado en nuestro propio vecindario.
El retroceso en materia de derechos civiles es flagrante. Con estupor, hemos constatado que refugios como iglesias, escuelas y hospitales han dejado de cumplir su rol misericordioso, y sus edificios se han vuelto tan vulnerables como los barrios que acogen a inmigrantes.
El derroche de órdenes ejecutivas no ha sido improvisado. Al contrario, el conjunto dibuja el panorama de lo que viene, y Puerto Rico sufrirá por los recortes y medidas regresivas en materia de derechos adquiridos.
Estados Unidos no es una monarquía. Los honorables miembros del poder judicial y sus valientes jueces han demostrado esto al paralizar algunas órdenes ejecutivas.
Ante este escenario, habrá una respuesta natural, propia de los puertorriqueños: solidarizarse con quienes viven en la incertidumbre por las políticas migratorias.
Por otro lado, nos encontramos frente a una decisión más compleja. El recorte de fondos federales es inminente, y debemos prepararnos para el peor de los escenarios. Por lo tanto, todos los responsables deberán implementar un estricto plan de disciplina fiscal que anticipe la necesidad de administrar con sabiduría una muy probable escasez de recursos.
