Luego de décadas viviendo en la guardarraya de la legalidad, Donald Trump ha sido finalmente alcanzado por sus propias acciones.

El presidente de Estados Unidos entre 2017 y 2021, y con aspiraciones de volver a serlo a partir del 2025, fue el jueves declarado culpable de 34 cargos criminales graves derivados de las acciones que tomó para ocultar en los récords de sus negocios un pago de $130,000 que hizo a la modelo de pornografía conocida como Stormy Daniels, para que callara acerca de un encuentro íntimo que sostuvieron en 2006.

Las implicaciones históricas de este monumental evento representan una sacudida sin precedentes a la institucionalidad federal estadounidense, que ha sido puesta a prueba como nunca antes por las irresponsables y temerarias acciones de Trump desde que irrumpió en la política.

Con ataques a las cortes, a las agencias de ley y orden de su propio gobierno, a la oposición, a miembros de su propio partido, a la prensa, a Puerto Rico y, sobre todo, a los inmigrantes, Trump violentó cuanta norma de civismo hubo por siglos en el debate público estadounidense.

A su larga lista de actos repudiables, que también incluye la inusitada y gravísima acción de no reconocer su derrota en 2020 e intentar impedir la transición, incitando a una violenta revuelta el 6 de enero de 2021 en el Capitolio que le costó la vida a cinco personas y la cárcel a cerca de 500, se suma ahora la muy deshonrosa distinción de ser el primer expresidente convicto de delitos criminales.

Como era de esperarse, la reacción de Trump a esto no fue ni prudente ni decorosa. Alegó, sin fundamento alguno, que el juicio fue “arreglado” y que el juez que lo presidió es “corrupto”. A estas alturas, por supuesto, nadie habría esperado algo distinto de un personaje que ha demostrado a la saciedad que carece en absoluto de respeto por las normas democráticas y civiles.

De Trump, que tiene tres otros procesos criminales pendientes, entre estos uno por la insurrección en el Capitolio y otro por conspirar para revertir el resultado adverso a él en el 2020 en Georgia, aunque ninguno de estos casos se verá antes de las elecciones, nadie debería dudar ya de que es incorregible.

El desafío es más bien para la institucionalidad y hasta para su propio partido, que ha cerrado los ojos ante los incesantes desmanes del expresidente y, a juzgar por las reacciones el jueves de sus líderes más importantes, carece de voluntad para cesar en su apoyo, incluso ahora que Trump es nada más y nada menos que un criminal convicto.

A las instituciones, incluyendo el Congreso, las cortes y las agencias de ley y orden, les toca manejar con firmeza, pero con prudencia, los otros procesos del expresidente y asegurarse de que se lleven a cabo en un clima de serenidad e inexpugnabilidad, a pesar de la contumacia con la que Trump, con la complicidad del liderato de su partido, ataca destempladamente los cimientos del sistema de ley y orden e intenta, mediante la intimidación, descarrilar los procesos.

Merecen aplausos, de hecho, la firmeza que han demostrado fiscales y jueces en Nueva York, en Washington, en Florida y en Georgia, a pesar de las expresiones incendiarias y el clima de crispación fomentado por Trump y sus facilitadores y seguidores.

Al Partido Republicano y a los electores les toca examinar con lupa la figura de Trump y preguntarse, una vez más, si un personaje con tan enormes carencias merece la preciosa oportunidad de liderar una vez más una de las democracias más longevas y estables del planeta.

Estados Unidos ha tenido en Trump el que posiblemente sea su desafío más importante desde la Guerra Civil. A pesar de las profundas divisiones de las que Trump es a la vez resultado e instigador, la vigorosa institucionalidad federal ha logrado, hasta ahora, superar la prueba. La nación no necesita, ni merece, volver a pasar por ese vía crucis.

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