Cada día, más sectores de nuestra sociedad han comprendido que la epidemia de crimen que azota a Puerto Rico tiene profundas causas sociales y económicas, y exigen soluciones acordes con ello. No obstante, ese hecho no puede servir de excusa a las autoridades tanto estatales como federales para minimizar la responsabilidad que siguen teniendo en la atención a aspectos fundamentales de este gravísimo problema.