Nuevamente, Puerto Rico entra a un ciclo electoral dentro del marco democrático que ha regido la vida política local desde 1952 cuando se habilitó la Ley de Relaciones Federales, mejor conocida como la Ley 600. Desde entonces, los diferentes partidos políticos han competido por el voto de los electores y nuestra vida colectiva ha girado en torno a qué partido accede al poder y cómo nos gobiernan. Entre 1952 y 1992, el experimento político y económico que llevó a cabo el gobierno federal al proveernos un espacio limitado de autogobierno funcionó relativamente bien.
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