Durante las últimas dos décadas, la voracidad impositiva de la clase política puertorriqueña ha llegado a niveles sin precedentes para salvar el tamaño del gobierno y el alto nivel de gastos públicos. La crisis fiscal iniciada a principios del presente siglo, lejos de provocar cambios en el modelo productivo y el propio gobierno, creó una vocación inquebrantable de establecer nuevos impuestos y expandir los existentes. La opresión contributiva en gran medida ha sido gran causante del estancamiento económico y de la fuga poblacional.