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La semana pasada, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), organismo federal a cargo de supervisar las finanzas públicas de Puerto Rico, revivió el debate en torno a la eliminación del impuesto a los inventarios. El impuesto a los inventarios representa un costo de hacer negocios a los comerciantes que tienen que tributar por los productos que tienen almacenados, independientemente de si venden o no la mercancía. Es decir, si un empresario tiene un inventario de alimentos valorado en $1 millón y tiene que pagar 6% de impuesto, este tendrá que pagar unos $60,000 por concepto del impuesto al gobierno municipal donde opera.
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