La clave aquí es la acción local y federal para sustituir el impuesto del 4%, lograr una mejor distribución de la carga contributiva y encaminar las reformas y cambios estructurales necesarios, escribe Roxana Cruz Rivera
La clave aquí es la acción local y federal para sustituir el impuesto del 4%, lograr una mejor distribución de la carga contributiva y encaminar las reformas y cambios estructurales necesarios, escribe Roxana Cruz Rivera
En días recientes, el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco J. Parés, anunció la determinación final del Departamento del Tesoro federal de no permitir la acreditación del impuesto de 4% de la Ley 154-2010 luego del año contributivo 2022. Es decir, que las empresas multinacionales con su empresa matriz en los Estados Unidos, que actualmente operan en Puerto Rico y pagan el arbitrio del 4% de la mencionada ley, solo podrán cancelar dicho pago contra la contribución sobre ingresos de su matriz hasta el 2020. Al término de este año, las empresas (en teoría) deberán absorber dicho gasto a menos que el Congreso de los Estados Unidos establezca algún nuevo mecanismo legal para absorber la citada carga. Actualmente, aproximadamente el 20% (unos $2,000 millones) de los ingresos totales del Fondo General del Gobierno de Puerto Rico anualmente provienen del arbitrio del 4%, que es pagado por alrededor de veinte empresas multinacionales.
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