La insultante oferta de la Junta de Supervisión Fiscal a las 6,500 familias que han sufrido por décadas los maltratos institucionales del caso Rosa Lydia Vélez supone un acto muy abusivo, escribe Benjamín Torres Gotay
La insultante oferta de la Junta de Supervisión Fiscal a las 6,500 familias que han sufrido por décadas los maltratos institucionales del caso Rosa Lydia Vélez supone un acto muy abusivo, escribe Benjamín Torres Gotay
“A mí, me decían que mi problema es que yo era bruta”. Me lo dice, con reverberaciones de dolor y frustración aún, décadas después, vibrándole en lo profundo de la voz, Mercedes Casilda Torres, hoy, a sus 61 años, empleada clerical en una cooperativa. Habiendo reprobado grados más veces de las que hoy recuerda, lo cual la puso a terminar su escuela elemental a los 15 años, la superior a los 21, y la universidad, tras más de una década de afanes, pasados los 40, hasta ella misma llegó a creerse lo de “bruta”.
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