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Ante la amenaza de la criminalización de las relaciones entre personas del mismo sexo, en 1974 un grupo de líderes creó un frente amplio de lucha y fundó la Comunidad de Orgullo Gay (COG). El punto neurálgico que impulsó esta gesta fue la propuesta inclusión del Artículo 103 en el Código Penal de 1974, que venía a endurecer la prohibición del “crimen contra natura” del Código Penal de 1902. El Artículo 103 penalizaba con un término fijo de 10 años de cárcel a potencialmente una parte importante de la población lésbica, gay, bisexual y transgénero de la isla. La pena propuesta, que, contrario al Código de 1902, se aseguraba de incluir a las mujeres, contó con el aval del entonces gobernador Rafael Hernández Colón.
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