Recientemente tuve el privilegio de enseñar clases de Estudios Sociales a un grupo de estudiantes del quinto grado de una escuela en Guaynabo. “Conocer la historia nos hace mejores ciudadanos”, leía la premisa del libro de texto. Decidida a estimular el pensamiento crítico del grupo, asigné el estudio de revoluciones mundiales que han trastocado el rumbo de la humanidad. Enfocarían el trabajo en la discusión de tres aspectos fundamentales: trasfondo, es decir, situación política, económica y social del país, causas para la revolución, y resultados. La mayoría –si no todas— las luchas de los pueblos estudiados revelaron una situación común y, evidentemente, insoportable: pobreza extrema. Y con ella, sus consecuencias: hambruna, condiciones infrahumanas de salubridad, falta de acceso a la educación, abuso laboral y doméstico, en fin, violación crasa de lo que hoy conocemos como derechos humanos. Para entonces, muchos de los países cuyos habitantes se rebelaron no conocían el término “derechos humanos”, popularizado a mediados del siglo XX por la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de “La Declaración Universal de Derechos Humanos”.