No podemos hablar de acceso a la justicia mientras sectores de la población ni siquiera entienden las normas que les cobijan o les obligan, de acuerdo con William A. Castillo Rivera
No podemos hablar de acceso a la justicia mientras sectores de la población ni siquiera entienden las normas que les cobijan o les obligan, de acuerdo con William A. Castillo Rivera
Hoy se cumple un año de la aprobación del nuevo Código Civil de Puerto Rico y los cambios que trajo consigo se han pasado por alto. Este nuevo cuerpo legal entró en vigor el pasado 28 de noviembre de 2020, pero todavía no hemos visto una iniciativa del Estado dirigida a la educación y concientización sobre los cambios que implica en la vida de las personas. Tal vez ha tenido que ver con el cambio de gobierno y la salida de varias de las personas que aprobaron ese proyecto, pero ese deber educativo le corresponde en primera instancia a las entidades gubernamentales que lo aprobaron. No cumplir con este deber representa un problema de acceso a la justicia.
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