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La posible admisión de una abogada puertorriqueña a la práctica del derecho en Puerto Rico sin haber tomado la reválida local ha generado un intenso debate en la comunidad legal y más allá. Aunque se han expresado muchas preocupaciones, es crucial recordar que el Tribunal Supremo de Puerto Rico, como máximo foro judicial de la isla, tiene el deber de interpretar y aplicar las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa, incluyendo aquellas que permiten la admisión por moción de abogados admitidos en otros estados o territorios de Estados Unidos.
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