La primera iniciativa gubernamental seria que señala el fin del arcaico y ofensivo sistema eléctrico se convirtió en balón político de intereses ajenos al bienestar del pueblo, señala Antonio Quiñones Calderón
La primera iniciativa gubernamental seria que señala el fin del arcaico y ofensivo sistema eléctrico se convirtió en balón político de intereses ajenos al bienestar del pueblo, señala Antonio Quiñones Calderón
Después de su sereno y detallado análisis del contrato de operación y mantenimiento entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la empresa LUMA, la jueza federal Laura Taylor Swain determinó, con contundencia, que la contratación no afectará adversamente el Sistema de Retiro de los Empleados de la AEE; que el acuerdo de alianza pública-privada pactado hace un año incluye la promesa de respetar los derechos de los trabajadores de la corporación pública que se trasladen al sector privado, y que los demandantes (la gerencia de la UTIER) “no han demostrado menoscabo de ningún derecho legal protegido” a causa del contrato.
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