

Como es de conocimiento general, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) es una organización que tradicionalmente ha operado con poca transparencia y escasa rendición de cuentas; por años ha incumplido voluntaria y temerariamente con las leyes y reglamentos ambientales tanto de Puerto Rico como federales; y ha constituido un peso muerto sobre la economía del país con sus altas y arbitrarias tarifas y poco confiable servicio. Además, ha sido —y continúa siendo— un foco de corrupción política y gubernamental. De hecho, es tal vez la segunda agencia más corrupta del gobierno de Puerto Rico, después del Departamento de Educación.
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