De los muchos años que he trabajado en Servicios Legales de Puerto Rico (SLPR), 24 de ellos han estado dedicados a defender los derechos de una de las poblaciones más vulnerables, las niñas, niños y jóvenes con diversidad funcional; es decir con alguna condición física, cognitiva mental o sensorial que afecta su proceso educativo.  La gran mayoría de la clientela son madres jefas de familia solas con la crianza, que si difícil es en circunstancias ordinarias, lo es más cuando hay que garantizar que su hija o hijo reciba una educación especial.  Antes de que se radicara la demanda de clase que inició la Sra. Rosa Lydia Vélez y otras siete familias en el 1980, el trato indigno y falto de equidad para este sector era la orden del día en todo: segregación de la matrícula regular, largas esperas para que se les hicieran las evaluaciones y se les ofrecieran terapias fundamentales para aumentar sus niveles de funcionamiento, ubicaciones que violentaban la protección de sus derechos humanos y la falta de un procedimiento estructurado y efectivo para quejarse por la violación de derechos con las garantías del debido proceso de ley.  En pocas palabras un rampante discrimen.