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El 10 de abril de 1922, la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió Balzac v. Porto Rico. Según Balzac, el Congreso no “incorporó” a Puerto Rico cuando impuso la ciudadanía estadounidense en 1917. Puerto Rico continuaría siendo un “territorio no incorporado”, sin promesa de estadidad. Como el derecho a juicio por jurado no era un derecho fundamental, le correspondía a Puerto Rico definir su alcance, no a las cortes federales.
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