Recientemente la sección de cartas de este periódico presentó una realidad que ha afectado a la profesión legal del País por décadas. Me refiero a la asignación desproporcionada de casos de oficio a miembros de la abogacía. Para los no familiarizados con el mundo legal, la asignación de casos de oficio significa el nombramiento por parte de un tribunal de un abogado de la práctica privada para que asuma gratuitamente la representación legal de una persona indigente, según el reglamento del Tribunal Supremo.
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