Este ordenamiento de emergencia deberá ser mandatorio. Dejar las cosas al arbitrio individual solo propenderá a que no se alcance una inmunidad comunitaria, escribe Víctor García San Inocencio
Este ordenamiento de emergencia deberá ser mandatorio. Dejar las cosas al arbitrio individual solo propenderá a que no se alcance una inmunidad comunitaria, escribe Víctor García San Inocencio
Mientras tecleo este artículo hay sobre cien personas hospitalizadas en Puerto Rico por COVID-19, cifra que viene aumentando en las pasadas dos semanas. Lo contrario ha sucedido con el ritmo de vacunación: se ha desacelerado, validando una vez más lo mucho que se empina la cuesta cuando se van agotando las personas que son susceptibles a una fácil vacunación. El furor temporero con la oferta de premios, rara forma de incentivar el cumplimiento con los deberes ciudadanos, se goteó, como le pasa a todo remedio torcido que muere por insustentable. Eso se sabía, pero pudo más el ánimo de imitar, publicitar y de llenar el expediente. No se puede recurrir a todo con tal de mendigar para que la gente se vacune. La realidad puertorriqueña de fines de julio, dolorosa por demás, es que sobran vacunas y faltan brazos. Como agravante ha estado ausente una política consistente y agresiva de ir a persuadir casa por casa a quienes no se han vacunado. Ello radiografía la pérdida, a causa de la privatización, de un sistema real de salud comunitaria en el país que deja enorme baches y vacíos.
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