La decisión del Tribunal Supremo representa una oportunidad de revisitar y de fortalecer nuestra política fiscalizadora, escribe el titular de la OEG, Luis Pérez Vargas
La decisión del Tribunal Supremo representa una oportunidad de revisitar y de fortalecer nuestra política fiscalizadora, escribe el titular de la OEG, Luis Pérez Vargas
El derecho administrativo, según explica el profesor José Izquierdo Encarnación, es la delegación del poder legislativo al ejecutivo para adjudicar controversias entre personas particulares o entre personas particulares y el Estado. La primera legislación para regular los procedimientos administrativos entró en vigor en el 1988 con la aprobación de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Es ley, al igual que la vigente, de 2017, establecen las pautas para atender diversas controversias administrativas en las cuales, de probarse el caso, la persona se expone, entre otras sanciones, al pago de multas.
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