Deberemos cuidarnos de que no nos vuelva a pasar como cuando privatizamos el servicio de acueductos y ninguna de las dos compañías privadas que trajimos una detrás de otra dio pie con bola, escribe Hiram Sánchez Martínez
Deberemos cuidarnos de que no nos vuelva a pasar como cuando privatizamos el servicio de acueductos y ninguna de las dos compañías privadas que trajimos una detrás de otra dio pie con bola, escribe Hiram Sánchez Martínez
Tiene mucho de sabiduría aquel viejo refrán que venimos escuchando desde niños: “Con la boca es un mamey”, que es un modo de expresar “decirlo es muy fácil”. No hay duda de que hay dos contratos que tiene el Gobierno de Puerto Rico con dos entidades privadas que a cualquiera le da ganas de decir que hay que resolverlos —“rescindirlos” dicen algunos—, o sea, dejarlos sin efecto. Ambos contratos atienden complejas realidades de los puertorriqueños. Uno tiene el propósito de proveerle a nuestra gente un servicio esencial de primera necesidad como lo es el de energía eléctrica confiable y, el otro, asegurarle un sistema de escrutinio pulcro en las elecciones generales, de modo que tengamos la oportunidad de elegir la clase política que por cuatro años habrá de gobernarnos.
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