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Hace 29 años, las organizaciones de mujeres y la entonces Comisión para los Asuntos de la Mujer, recorríamos El Capitolio para lograr que el estado afirmara como política pública el repudio al hostigamiento que enfrentaban las mujeres en sus talleres de trabajo, tanto en el ámbito público como en el privado. Encontramos oposición y también hubo objeciones de organizaciones empresariales, pero sabíamos cuán necesario era un estatuto que atendiera directamente las situaciones en que haciendo uso de su poder, patronos y supervisores solicitaran favores sexuales como una condición de empleo.
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