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La aprobación de la Resolución Conjunta del Senado 215, de mi autoría, fue un paso histórico en un momento en que el país necesita contar con funcionarios electos dispuestos a cumplir su responsabilidad de defender los intereses de Puerto Rico y darnos a respetar ante las arbitrariedades y abusos de una Junta de Control Fiscal antidemocrática y prepotente.
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